Saltillo, Coah.- Aunque la Fiscalía General del Estado ha anunciado que va tras los bienes confiscados por Estados Unidos a exgobernador Jorge Torres López, y al extesorero de Coahuila Javier Villarreal Hernández, en caso de que se compruebe que los recursos provinieron de las arcas públicas de la entidad, la realidad es que prácticamente todos estos bienes asegurados por el Gobierno estadunidense, en su mayoría fueron ya rematados a terceros, por lo que será prácticamente imposible hacer que regresen al patrimonio del Estado.

El monto de los recursos y bienes confiscados en Estados Unidos sumaría más de 46 millones de dólares, es decir, más de 920 millones de pesos, de los cuales ya no hay forma de que sean reintegrados al erario público de Coahuila.

Tan solo en el caso de Javier Villarreal, las autoridades estadunidenses remataron en 2016 ocho propiedades con un valor de 33.2 millones de dólares. Entre esos bienes estaban una mansión, lotes residenciales, lotes comerciales, departamentos, bodegas y hasta un lavado de autos en San Antonio, Brownsville y la Isla del Padre, en Texas.

Cuando se entregó a las autoridades, Villarreal también cedió 6.5 millones de dólares. Además le fue confiscada una cuenta en las Islas Bermuda por 2.2 millones de dólares.

Dos años antes, el Gobierno de ese país le confiscó al empresario coahuilense Rolando González Treviño un predio de 23 hectáreas en San Antonio, con un valor aproximado de un millón de dólares.

A Jorge Torres López, las autoridades estadunidenses le incautaron 3.4 millones de dólares depositados en paraísos fiscales de las Islas Bermuda y en bancos de Texas.

Desde que Javier Villarreal se entregó a la justicia de Estados Unidos en 2014, el Gobierno de Coahuila había negado que hubiera indicios de que los recursos confiscados a estos personajes provinieran del erario público del Estado, sin embargo, hace unos días el Fiscal General del Estado, Gerardo Márquez Guevara, anunció que ya solicitaron las pruebas presentadas en las audiencias del juicio a Torres López para buscar fincarle responsabilidad, y que buscarán, en la medida de lo posible, recuperar los recursos desviados en caso de que se llegue a comprobar que así fue.