Tijuana, BC.- Después de 18 meses, en medio de clausuras por empezar la construcción sin permiso, violaciones a las normas ambientales y señalamientos por apropiarse de dos metros de la zona federal marítimo-terrestre, los empresarios David Saúl Guakil y Fernando Salgado consiguieron, por fin, que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) les autorizara el desarrollo inmobiliario Cosmopolitan by the Sea a la orilla del mar de Ensenada, en las inmediaciones del Valle de Guadalupe.

El proyecto se estima que tendrá una inversión de mil 285 millones 825 mil 239 pesos: mil 240 millones 235 mil 567 pesos, para construcción y 3 millones para medidas de mitigación, correctivas, remediación y control.

El desarrollo de alta gama se construye en la delegación El Sauzal de Rodríguez, a la altura del kilómetro 105+097 de la carretera federal libre Tijuana-Ensenada, en dos predios que suman una superficie de 6 mil 852.72 metros cuadrados, y tendrán un total de 46 mil 194.70 metros cuadrados de obra, es sólo un ejemplo de cómo se edifica en el Pacífico mexicano.

El viernes pasado, la Semarnat dio luz verde para edificar el desarrollo inmobiliario vertical –que según las redes sociales del grupo Cosmopolitan ya se vendió en un 70 por ciento– y a los ensenadenses intrigaba porque pese a los sellos de clausura ambientales “entran y salen camiones con todo”, comentó un vecino. La Semarnat entregó el resolutivo positivo al promovente –no se ha publicado en la gaceta, sólo se hizo el anuncio–.

Vía telefónica, el director comercial de Grupo Cosmopolitan, Salomón Saúl, confirmó la autorización.

Explicó que están enfocados en la primera de las dos torres que integran el desarrollo, que incluye 180 departamentos y cuatro penthouses –todos con vista al mar–, que según la página oficial de la empresa tienen precios “desde” 386 mil 750 dólares, que al tipo de cambio actual equivale a 6 millones 768 mil 125 pesos.

La primera noticia del desarrollo se tuvo en septiembre de 2024, cuando David Saúl Guakil –ex priísta que buscó ser senador por Movimiento Ciudadano y actualmente milita en el Partido Verde– y el también empresario inmobiliario Fernando Salgado Chávez, quien se dijo dueño de la residencia en San Diego, California, que se atribuyó a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda en medio de la polémica por la revocación de su visa, anunciaron el lanzamiento.

Caso omiso a la autoridad ambiental

Para obtener la autorización, la empresa de Saúl Guakil tuvo que solventar las sanciones impuestas por la autoridad ambiental, incluido un resolutivo en contra, por haber iniciado las obras antes de obtener la autorización correspondiente –incluso comenzó antes de solicitar la autorización de la Semarnat– y por reincidir en la conducta violatoria, pues hizo caso omiso cuando la autoridad ambiental ordenó una suspensión total temporal de los trabajos y clausuró en su totalidad el proyecto.

La autoridad ambiental pasó por alto todas las violaciones y permitió a la empresa presentar una segunda solicitud para erigir sus dos torres. De acuerdo con la información contenida en la manifestación de impacto ambiental, el 18 de marzo de 2025, inspectores de la Semarnat detectaron que sin contar con permiso se habían iniciado trabajos dentro de los predios.

Los inspectores ordenaron la clausura y suspensión total temporal del proyecto y obras y además colocaron un sello en la maquinaria. Pero para septiembre se encontraron con que no solamente se había incumplido con las medidas ordenadas, sino que continuaron con las obras y cometieron nuevas infracciones.

De acuerdo con la información publicada en la manifestación de impacto ambiental, el apoderado legal de Cosmopolitan by the Sea, Manuel Fernández Lozano, fue notificado de un emplazamiento emitido en junio, el mismo mes en que se ingresó una primera solicitud para realizar el proyecto.

Ante un primer revés el resolutivo, la empresa presentó una segunda solicitud el 4 de noviembre del año pasado, ahora bajo los términos de “regularización, construcción, operación y mantenimiento de un desarrollo inmobiliario de alta gama en Ensenada”, para una vigencia de 50 años.

En la negativa del resolutivo de septiembre, la Semarnat señaló que al iniciar las obras de su proyecto rebasó “el carácter preventivo” establecido en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y el Reglamento en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental.

Incluso, la Semarnat indicó que “ya no procedió a realizar la evaluación de impacto ambiental, toda vez que la promovente ha rebasado el carácter preventivo establecido en la ley”.

Fue este 13 de marzo, que la secretaría dio por concluido el proceso en la bitácora del proyecto.

El resolutivo, cuyo sentido fue confirmado por la empresa, no ha sido publicado; la dependencia tampoco informó en su momento sobre la negativa previa.