Proceso | México.- La filtración a la prensa fue tan contundente que descarriló al candidato del PRI al Gobierno de Sinaloa, Jesús Vizcarra Calderón. Su imagen en una foto tomada en los 80, durante una celebración religiosa en compañía de Ismael “El Mayo” Zambada, ensombreció su campaña ante la sospecha de que su ascenso como empresario agroindustrial y luego como político estaba vinculado con uno de los principales líderes del cártel de Sinaloa.

Vizcarra no se repuso del golpe y perdió las elecciones en julio de 2010 ante el ex priísta y aliancista Mario López Valdez.

La fotografía en cuestión había salido de los archivos de la Procuraduría General de la República (PGR), que en julio de 1994 la aseguró junto con otros muchos bienes de la familia Calderón Quintero, parientes lejanos del frustrado candidato.

A 17 años del aseguramiento, Elisa Quintero López tiene en aprietos a la PGR, que no sólo fue incapaz de comprobar legalmente la vinculación de esos bienes con el narcotráfico, sino que dispuso de ellos sin control y ahora está emplazada a pagar una indemnización de 158 millones y medio de pesos.

Matriarca de la familia cuya historia quedó desde entonces asociada públicamente con el narcotráfico, Elisa Quintero, de 84 años, está en medio de una batalla legal para que el Estado mexicano reconozca su responsabilidad en la pérdida de sus bienes. Pero la PGR se niega a admitir la demanda de indemnización.

Detonante

El asesinato del arzobispo de Guadalajara, Juan Jesús Posadas Ocampo, el 24 de mayo de 1993, desató una persecución contra el cártel de los hermanos Arellano Félix, señalados en las investigaciones de la PGR como responsables del crimen y en ese momento una de las organizaciones más fuertes del narcotráfico en el país.

La PGR, encabezada en ese momento por Humberto Benítez Treviño –actual diputado del PRI por el Estado de México–, emprendió una ofensiva contra la familia Calderón Quintero como sospechosa de trabajar para los Arellano Félix, quienes salieron de Sinaloa para establecerse en Guadalajara primero y luego en Tijuana, donde finalmente se asentaron.

Con una sola orden de cateo, dentro de la averiguación contra los hermanos Arellano Félix se afectaron más de 700 bienes en Sinaloa, Sonora y el Distrito Federal, dicen los abogados de la señora Quintero: Gerardo Macedo y Adriana Carreto. Precisan que la familia Calderón Quintero sólo tenía bienes en Sinaloa y que fueron objeto de la intervención de la PGR.

Agentes de la entonces Policía Judicial Federal (PJF) hicieron los cateos contra la familia en Culiacán entre el 8 y el 9 de julio de 1994. Intervinieron casas, ranchos, negocios, automotores, joyas y otros bienes que en su mayoría no se sabe dónde quedaron.

Después de catear y asegurar las casas, los agentes judiciales irrumpieron la tarde del 9 de julio de ese año en la Planta de Alimentos Balanceados Inekal, instalada en el rancho El Elefante, en las afueras de la capital sinaloense.

Planta bien habida

Localizada en el kilómetro 18 de la carretera federal a Mazatlán, Inekal era una sociedad mercantil constituida en diciembre de 1984 y cuyas acciones pertenecían a la familia Calderón Quintero: el padre Inés Calderón Godoy, la madre Elisa Quintero López y sus cuatro hijos: Mélida, María del Rosario, René y José Inés.

La planta “fue un símbolo emblemático de la región”, dice Elisa Quintero López en una queja que presentó el 12 de octubre pasado ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por la negativa de la PGR a dar trámite a la demanda de reparación de daño.

Viuda desde hace cinco años, Elisa Quintero dice en su queja que la prosperidad de Inekal se debió “al auge ganadero de esos años (que) favoreció enormemente al estado y la zona norte del país”.

Cuando la PGR la intervino “contaba con alrededor de 80 trabajadores, maquinaria especializada, vehículos utilitarios y de carga… (y) poseía un gran inventario de alimento para ganado, así como una considerable cantidad de reses de engorda y sementales, pozos de agua y plantas generadoras de energía. En fin, era considerada como una planta modelo”.

Los 80 fueron de esplendor para la familia Calderón Quintero, originaria –como Jesús Vizcarra– de Tamazula, Durango, en el llamado Triángulo Dorado de la droga en el noroeste de México.

Además de la procesadora de alimentos, la familia era propietaria de ranchos e inmuebles en la capital sinaloense y concesionaria transportista en Durango y Sinaloa. Una de las concesiones en esta entidad se las entregó el gobernador Antonio Toledo Corro en los 80.

En medio de la bonanza, a menos de cuatro años de operaciones de Inekal, el menor de los hijos, José Inés Calderón Quintero, murió en Culiacán en junio de 1988 a manos del comandante de la PJF Guillermo González Calderoni, en un enfrentamiento en su propia casa.

Conocido como “Inesito” o “El Ingeniero”, José Inés Calderón Quintero fue uno de los mexicanos encausados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por el asesinato del agente de la DEA Enrique Kike Camarena en 1985. Los principales acusados fueron los entonces jefes del narcotráfico en México, Rafael Caro Quintero y Enrique Fonseca Carrillo.

Pero la PGR no se interesó en acreditar y ni siquiera consignó ante la justicia que los bienes de la familia Calderón Quintero fueran producto del narcotráfico. El gobierno de Estados Unidos tampoco insistió en sus acusaciones. Incluso debió devolverles, por resolución del Juzgado Segundo de Distrito en el Sur de California, las cuentas que les había congelado en ese estado.

Proceso irregular

En 1993 la entonces Subprocuraduría Especializada en Delitos contra la Salud emprendió las acciones contra los Calderón Quintero en las averiguaciones previas 4384/DGI/1993 y 1384/DGI/1993 por la comisión de probables hechos constitutivos de delito, por lo que decidió el aseguramiento de bienes muebles e inmuebles.

La acción de la PGR no pasó del aseguramiento. Según los abogados de la señora Quintero, en ningún momento el Ministerio Público federal tomó declaración a los propietarios ni se les aclaró su situación jurídica. Ni el padre, Inés Calderón Godoy, o algún otro miembro de la familia fueron formalmente indiciados, aseguran.

Pero la PGR no permitió a los afectados recuperar sus propiedades, incluida documentación mercantil, legal y personal, entre la que se encontraban los álbumes familiares… de donde salió la foto que fue publicada por el periódico Reforma en diciembre de 2009, en pleno proceso electoral de Sinaloa.

La fotografía fue tomada en una feria ganadera en el rancho Costa Rica, de Culiacán y en ella, además de Vizcarra y “El Mayo” Zambada aparecen Inés Calderón Godoy y Elisa Quintero López. También Javier Díaz, hijo de Baltazar Díaz, quien murió en 1995 en el Distrito Federal y a quien la prensa local relacionó con “El Mayo” Zambada.

“Hasta hace poco creía que (la foto) pertenecía a mi acervo personal y suponía que se encontraba bajo el resguardo de la PGR”, escribió Elisa Quintero en un desplegado publicado en la prensa local y del Distrito Federal en junio de 2010.

En la publicación asegura que la PJF irrumpió de forma simultánea en su casa, su oficina y la planta procesadora “argumentando que (su familia) tenía vínculos con personas dedicadas al narcotráfico”.

Añade: “Ese golpe devastador nos dejó materialmente en la calle, ya que prácticamente se llevaron todo lo que poseía, bajo el pretexto de una investigación”.

La indemnización

Aunque para el año 2000 la PGR ya había regresado a la familia las joyas y levantado el aseguramiento del rancho San Francisco, ante la negativa de la PGR de reconocer que aseguró productos agropecuarios y ganado, Elisa Quintero inició en agosto pasado un procedimiento administrativo de responsabilidad patrimonial del Estado.

En su demanda pide que la PGR y el SAE le paguen 158 millones 407 mil 205 pesos por concepto de indemnización, “al privarla durante 16 años del producto de nuestro trabajo” y por “el descuido arrogante en la preservación, administración y mantenimiento de todo aquello que se encontraba en la Planta de Alimentos Balanceados Inekal”.

Sin embargo, como juez y parte la PGR se niega a recibir el escrito inicial de la demanda de indemnización y la documentación que sirva de prueba. Ni siquiera ha acordado los actos procesales para desahogar la demanda, con lo que se han vencido los términos legales determinados en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que establece cinco días para que la autoridad conozca de un asunto que le corresponde y en tres meses resuelva la dependencia u organismo descentralizado.

El vínculo

» La familia Calderón Quintero es pariente en segundo grado, del aspirante al Gobierno de Sinaloa, Jesús Vizcarra Calderón, quien aparece retratado en una foto con Ismael “El Mayo” Zambada.

Cacería

» Tras el asesinato del cardenal Posadas Ocampo en 1993, la entonces Policía Judicial arrasó contra los Arellano Félix, y contra todo lo que estuviera cerca de ellos.

Justicia

» A 17 años del aseguramiento, Elisa Quintero López tiene en aprietos a la PGR, que no sólo fue incapaz de comprobar legalmente la vinculación de esos bienes con el narcotráfico, sino que dispuso de ellos sin control y ahora está emplazada a pagar una indemnización de 158 millones y medio de pesos.