Internacional
Por
Agencias
Publicado el miércoles, 26 de octubre del 2016 a las 13:09
ABC | España.- Diego Cruz Alonso, el mexicano de 21 años detenido en Madrid como miembro de “Los Porkys” acusado de violar a la menor Daphne Fernández, se negó a ser extraditado al País porque la acusación responde a una “elaborada extorsión” del padre de la joven.
Durante su comparecencia ante la Audiencia Nacional española, Cruz Alonso explicó cómo el padre de la menor les sacó un arma, los amenazó de muerte, les pidió el dinero a cambio de no denunciarlos y los obligó a grabar un video disculpándose por una violación de la que se ha declarado “cien por cien inocente”.
La supuesta agresión a la menor de 17 años ocurrió en Veracruz en enero de 2015, pero no se denunció hasta mayo.
Cruz Alonso indicó que el padre de la víctima espió durante varias semanas a los jóvenes acusados de la violación en grupo, de familias adineradas, para luego extorsionarlos valiéndose de un socio que les citó en su despacho.
Ese día, según relató el acusado, el padre les dijo que si no depositaban 4 millones (no especificó la denominación), los mataba a todos, y luego los obligó a grabar un mensaje de disculpa.
Esa extorsión, dijo, tuvo mucho eco en los medios nacionales porque era época electoral y su difusión fue financiada “por el propio Gobierno” para “distraer a la ciudadanía”, “lo que sucede en México”.
Entre lágrimas, el acusado expresó su deseo de quedarse en España y que se le juzgue “justamente”.
El joven detenido, que según su defensa tiene nacionalidad española, se inscribió en noviembre del año pasado en una universidad de Madrid, a donde se trasladó en marzo de 2016, lo que para la Fiscalía española, que apoyó la extradición, supuso una huida de la justicia.
El Ministerio Público afirmó que no le constaba que tuviera la nacionalidad española y que “no cabe hablar de una persecución de carácter político”.
Cruz Alonso fue acusado de “pederastia tumultuaria”, ya que los hechos se llevaron a cabo en acción conjunta con más personas, por lo que se puede enfrentar a una pena de entre 12 y 40 años de prisión según la legislación mexicana.
Es el segundo de los presuntos autores de esta agresión que ha podido ser arrestado, ya que en mayo fue detenido Enrique Capitaine.
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