Ciudad de México.- La Presidenta Claudia Sheinbaum envió al Senado una reforma a la Ley de Amparo que propone evitar que las suspensiones de jueces frenen el congelamiento de cuentas ordenado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y, con ello, permitan que sigan operando redes ligadas al lavado de dinero o al financiamiento del terrorismo.

El proyecto establece que la suspensión provisional nunca procederá en estos casos y la suspensión definitiva solo se podrá conceder para permitir el uso de los recursos que se encuentran en las cuentas inmovilizadas, si se acredita la legalidad de los mismos.

La propuesta contempla un “mínimo vital” para las personas afectadas por el congelamiento de cuentas, con la finalidad de que puedan cubrir necesidades esenciales como salarios, pensiones y vivienda, pero sin poner en riesgo la efectividad de las medidas legales.

En la exposición de motivos, la Mandataria informó que, en los últimos siete años, el uso y abuso de amparos contra el congelamiento de cuentas ha “liberado” unos 59 mil millones de pesos.
Según explicó, entre diciembre de 2018 y agosto de este año, se han promovido 3 mil 659 amparos en los que se reclamó a la UIF los efectos de la Lista de Personas Bloqueadas.

En respuesta, la Unidad cumplió mil 407 suspensiones definitivas para desbloquear cuentas y mil 431 sentencias firmes, que ordenaron eliminar personas de la lista o detener sus efectos.

Tras la jurisprudencia obligatoria de la Suprema Corte del 27 de enero de 2025, la UIF ha cumplido 45 suspensiones eliminando sujetos de la Lista de Personas Bloqueadas.

En términos financieros, gracias a las suspensiones otorgada por jueces, se han desbloqueado cuentas con montos asociados por 27 mil millones de pesos, que representan el 54.4 por ciento del total de montos congelados inicialmente.

Además, las ejecutorias de amparo han permitido liberar 32 mil millones de pesos, que representan el 64.9 por ciento del total de montos bloqueados inicialmente.

Tan solo en 2023 y 2024, los montos desbloqueados por suspensiones representaron 86.3 por ciento y 72.3 por ciento, respectivamente.

En la iniciativa se plantea modificar el artículo 129 de la Ley de Amparo para establecer que conceder una suspensión afecta el interés social y se contravienen disposiciones de orden público.

“(Se afecta) cuando se permita la continuación de actos, operaciones o servicios posiblemente relacionados con lavado de dinero o que obstaculicen las funciones de la UIF”, señala.

“Asimismo, en el caso de que se impida que ésta requiera, obtenga o disemine información financiera para la prevención y detección del lavado de dinero o conductas ilícitas relacionadas”.

En la iniciativa se asegura que el objetivo de la reforma es fortalecer la capacidad del Estado para investigar y contener el flujo de recursos de origen ilícito y los efectos económicos negativos para el erario público.

El documento cita la Recomendación 29 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que obliga a los países a contar con una unidad de inteligencia capaz de recibir y analizar reportes de operaciones sospechosas, acceder a información financiera y administrativa, comunicar resultados y cooperar internacionalmente.

“Otra herramienta relevante para la prevención y combate de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo es el congelamiento o decomiso de bienes provenientes de estas actividades ilícitas”, indica.

En la iniciativa se advierte que el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo son fenómenos que explotan las vulnerabilidades de los sistemas financieros y generan consecuencias de gran impacto económico.

“Ante este contexto, es necesaria la actualización constante de nuestro sistema jurídico para que sea eficaz y esté en posibilidades de combatir sus riesgos, en concordancia con la Evaluación Nacional de Riesgos 2020“, agrega.