México, D.F.- La secretaria general del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Hortensia Aragón, exigió al presidente Felipe Calderón el regreso inmediato de militares, para detener las muertes de civiles por los llamados “daños colaterales” en el combate al crimen organizado.

En un comunicado, Aragón consideró que la “terquedad del gobierno federal por mantener a las fuerzas armadas en las calles para combatir a los miembros del crimen organizado”, cobró ayer domingo la vida de dos personas, entre ellas un menor de edad, luego de que militares marcaran el alto al automóvil en el que viajaba junto con su familia, cuyo chofer supuestamente no respetó la orden marcada por efectivos del Ejército mexicano durante un retén en Escobedo, Nuevo León.

“Este lamentable suceso se une a una larga lista de acontecimientos similares en los que se han visto involucrados elementos castrenses desde el inicio del actual gobierno, lo que demuestra una vez más que contrario a lo que aseguró Calderón, que el Ejército seguirá en las calles hasta el final de su sexenio.

“Los militares deben regresar de forma inmediata a sus cuarteles, pues están realizando funciones ajenas a las marcadas constitucionalmente”, subrayó.

La dirigente perredista dijo que las muertes de Bryan y Martín Almanza Salazar, el mes de abril en Nuevo Laredo, Tamaulipas; o la muerte de tres menores de edad el 1 de junio de 2007, en un retén en Sinaloa de Leyva, son sólo algunos ejemplos de la incapacidad de los militares para enfrentar situaciones de crisis.

“Responden de manera irracional con el uso de sus armas, sin distinguir entre delincuentes y ciudadanos, muchos de ellos niños y niñas, ajenos al fenómeno del narcotráfico”, aseveró.

Exigió al Ejecutivo que releve “de una vez por todas a los miembros del Ejército adscritos a tareas de combate al narcotráfico, pues los errores” cometidos por algunos de sus miembros, ponen en entredicho el prestigio que le queda a dicha institución”.

Aragón enfatizó que no debe permitirse la muerte de más civiles por las decisiones de un gobierno que se empeña en incluir al Ejército como parte de una errónea estrategia de combate al crimen organizado, que deja a su paso miles de “daños colaterales” sin pena de reconocerlo.