Saltillo, Coah.- En la Región Sureste de Coahuila, particularmente en Saltillo, el sistema educativo privado concentra una parte significativa de la oferta escolar.

De acuerdo con el portal de estadísticas ejecutivas de la Secretaría de Educación de Coahuila (formato 911, ciclo escolar 2024-2025), en esta región operan 590 escuelas privadas, que atienden a más de 96 mil alumnos en todos los niveles educativos, desde preescolar hasta licenciatura y posgrado, con una planta docente que supera los 6 mil maestros.

Las cifras reflejan un sector educativo robusto en términos de cobertura y matrícula. Sin embargo, detrás de estos indicadores cuantitativos emerge una realidad profundamente contrastante: la precarización laboral sistemática de los docentes que sostienen este modelo educativo.

Sin seguro social, sin antigüedad, sin vacaciones pagadas y con salarios que en algunos casos no superan los 5 mil pesos mensuales, docentes de colegios privados en Saltillo alzan la voz y exigen regulación, dignidad y justicia laboral.

Profesores de distintos niveles educativos (primaria, secundaria, bachillerato e incluso universidad) han comenzado a romper el silencio para denunciar condiciones laborales que califican como precarias, injustas y, en muchos casos, ilegales.

A través de testimonios recabados por esta casa editorial y publicaciones difundidas recientemente en redes sociales locales, maestros y padres de familia han puesto sobre la mesa una problemática que durante años se mantuvo normalizada: la explotación laboral en colegios privados.

Sueldos bajos y falta de derechos laborales

Maestros de colegios privados en Saltillo han comenzado a visibilizar una problemática que durante años permaneció normalizada. A pesar de laborar en instituciones con colegiaturas elevadas y discursos de “educación de calidad”, numerosos docentes denuncian salarios que oscilan entre los 3 mil 500 y 4 mil 500 pesos quincenales, e incluso casos donde no se superan los 5 mil pesos mensuales, aun cumpliendo jornadas completas de más de 40 horas frente a grupo.

Estos ingresos resultan especialmente alarmantes si se considera que, según las propias estadísticas oficiales, el nivel con mayor número de docentes en el sector privado corresponde a licenciatura y posgrado, seguido de media superior y secundaria; es decir, profesionistas altamente calificados que enfrentan condiciones económicas indignas.

Contratos temporales y simulación legal

Una de las prácticas más denunciadas es el uso de contratos temporales de seis meses o un año, que se rescinden deliberadamente al concluir el ciclo escolar. Esta estrategia impide la generación de antigüedad, vacaciones pagadas, aguinaldo y acceso a seguridad social, dejando a los docentes fuera de derechos básicos como IMSS, Infonavit o pensión.

Incluso cuando algunos maestros son dados de alta ante el Seguro Social, se reporta que lo hacen con el salario mínimo, sin relación con las horas reales trabajadas ni con su nivel académico, lo que constituye una clara simulación laboral.

Periodos como verano, Semana Santa y diciembre son utilizados por muchos colegios privados como mecanismos de ahorro patronal. Los testimonios coinciden en que los contratos se interrumpen justo antes de estos periodos, evitando así el pago de vacaciones y aguinaldo. Para muchos docentes, diciembre se convierte en un mes crítico, sin ingresos ni respaldo institucional.

La precarización no es sólo económica. Los relatos recabados evidencian ambientes laborales hostiles, con humillaciones públicas, gritos, amenazas de despido y falta total de empatía ante situaciones personales graves. Directivos que desacreditan a los maestros frente a alumnos, tiran materiales didácticos o amenazan con demandas por ausencias justificadas reflejan un clima de violencia laboral y desgaste emocional.

Un llamado urgente

Las denuncias han encontrado eco en redes sociales, donde padres de familia y docentes reconocen la gravedad de la situación y respaldan la creación de un sindicato o gremio de maestros de colegios privados. La exigencia es clara: no se piden privilegios, sino el cumplimiento de la ley.

En una región donde miles de alumnos y familias confían su educación al sector privado, resulta insostenible que la calidad educativa se construya sobre la precarización de más de seis mil docentes.

Las cifras oficiales muestran crecimiento y cobertura; los testimonios revelan abandono institucional. La brecha entre ambos discursos exige una intervención urgente de las autoridades educativas y laborales, porque la educación no puede sostenerse sobre la vulneración sistemática de quienes la imparten.

Reconoce Congreso

La precarización laboral que enfrentan docentes de colegios privados en Saltillo y la Región Sureste de Coahuila no ha pasado desapercibida en el ámbito legislativo. La diputada local Magaly Hernández, integrante de la Comisión de Educación del Congreso del Estado, reconoció de manera contundente que existe una problemática real, persistente y estructural en las condiciones laborales de los maestros que laboran en instituciones educativas privadas.

“ Antes de ser diputada soy docente”, subrayó, al señalar que la vocación magisterial no puede ni debe convertirse en sinónimo de sacrificio permanente, ni mucho menos de precariedad laboral. Admitió que salarios que no corresponden a la responsabilidad docente, contratos temporales sin generación de antigüedad y una clara desigualdad frente a otros sectores educativos forman parte de una realidad que no puede seguir siendo ignorada.

Para Hernández, estas condiciones no sólo vulneran derechos laborales básicos, sino que impactan directamente en la calidad educativa que reciben miles de alumnos. “No se puede hablar de educación de calidad cuando quienes educan viven en incertidumbre laboral”, afirmó, al advertir que un docente preocupado por su subsistencia difícilmente puede desarrollar todo su potencial profesional en el aula.

Aunque los colegios privados operan como entidades particulares, la diputada fue clara al señalar que ello no los exime del cumplimiento de la ley laboral. Recordó que la educación es un servicio de interés público y que, por tanto, el Estado tiene la responsabilidad de garantizar que quienes trabajan en este sector lo hagan bajo condiciones legales y justas.

En ese sentido, reconoció que existen áreas de oportunidad importantes en materia de supervisión, particularmente en los esquemas de contratación, afiliación al seguro social y otorgamiento de prestaciones. “La supervisión puede y debe fortalecerse”, sostuvo, dejando claro que revisar estas prácticas no significa atacar a las instituciones privadas, sino asegurar que se respeten los derechos de los trabajadores y, en consecuencia, el derecho de los estudiantes a una educación de calidad.

Simulación pedagógica y deterioro de la calidad

Paradójicamente, mientras los indicadores oficiales muestran una amplia cobertura educativa privada, los docentes denuncian la simulación de modelos pedagógicos “innovadores”:

Muchos colegios presumen sistemas internacionales sin invertir en capacitación ni materiales, trasladando esos costos a los propios maestros.

Además, se señala la elección de libros por criterios comerciales y no pedagógicos, así como la contratación de personal sin formación docente para reducir costos, lo que afecta directamente la calidad educativa.

La mayoría de los docentes admite que acepta estas condiciones por necesidad económica, falta de opciones laborales y la esperanza de acumular experiencia.

La vocación se convierte así en un factor de explotación, sostenida por el miedo al desempleo y la ausencia de mecanismos efectivos de defensa.

Acciones desde el Congreso

Desde el Poder Legislativo, Magaly Hernández afirmó que sí existen mecanismos para comenzar a atender esta problemática:

Mencionó la posibilidad de impulsar exhortos a las autoridades laborales, promover mesas de trabajo entre docentes, directivos y autoridades educativas, así como la presentación de puntos de acuerdo y el análisis de reformas que fortalezcan la protección laboral en el sector educativo privado.

“ El Congreso no es ajeno a esta situación”, afirmó, al señalar que debe fungir como un espacio de diálogo y construcción de soluciones, escuchando directamente a quienes viven estas condiciones en las aulas.

Uno de los puntos más sensibles abordados fue el derecho de los docentes de colegios privados a organizarse. Ante el temor de despidos y represalias, Hernández fue enfática: la libre asociación es un derecho constitucional que debe garantizarse.

“ Ningún maestro o maestra debería temer perder su empleo por alzar la voz”, expresó, asegurando que respaldará cualquier esfuerzo de organización gremial que busque condiciones laborales justas y dignas. Subrayó que sería incongruente defender los derechos del magisterio público y no hacerlo en el ámbito privado.

Finalmente, la legisladora envió un mensaje directo a los docentes que hoy se ven obligados a trabajar dos o incluso tres empleos para poder subsistir.

Reconoció su esfuerzo, su impacto social y su papel transformador, y reiteró su compromiso de acompañarlos desde el Congreso en la defensa de sus derechos.