“Sin duda, el mayor valor de un hallazgo así está en compartirlo primero, y por canales directos, con quien puede actuar sobre él. El monitoreo no debe ser la antesala automática de la sanción”, comentó.Añadió que los servidores públicos deben guardar confidencialidad, ya que de no hacerlo ciertos grupos delincuenciales tendrían una nueva palanca de extorsión.

“Los servidores públicos deben guardar confidencialidad sobre lo que conozcan con motivo de una verificación. De no hacerlo, se entrega a los grupos delincuenciales una nueva palanca de extorsión: les basta difundir una muestra para activar a la autoridad contra su víctima.

“También desalienta que las empresas compartan información sobre incidentes, que es justo lo que el ecosistema necesitaría para atenderlos oportunamente”, señaló Lina Rodríguez, presidenta de la AIMX.

Lina Rodríguez enfatizó que un anuncio oficial da tiempo al infractor de borrar la publicación, canal y destruir evidencias antes de que actúe la policía cibernética“Un indicio digital recabado fuera de la cadena de custodia puede perder valor probatorio en el proceso penal.

“Señalar públicamente a una empresa por su nombre, cuando todavía se está frente a indicios que requieren verificación, puede generar un efecto de revictimización y producir un daño reputacional y comercial anticipado”; concluyó.

Por su parte, Juan Antonio Ramírez Márquez, vicepresidente de Relaciones con Gobierno de la AIMX, destacó que la autoridad debe investigar y proteger los derechos de las personas titulares de los datos.

“La autoridad tiene el deber de investigar y proteger los derechos de las personas titulares de los datos, pero esa función debe desarrollarse con información verificable y distinguiendo claramente entre un indicio, una hipótesis de investigación y un hecho acreditado.”El objetivo de la comunicación pública debe ser informar y prevenir riesgos para los titulares, sin generar una atribución anticipada de responsabilidad que posteriormente pudiera resultar incorrecta”, subrayó.