La crítica al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en su primer año de Gobierno ha provenido principalmente de medios de comunicación y de analistas nacionales y extranjeros con los cuales suele confrontarse; de la sociedad civil, a la que califica de “conservadora”, e incluso de exmandos del Ejército.

El sector privado se mantiene expectante, como en cada inicio de Gobierno, pero en general ha reaccionado con tibieza frente a la inseguridad y la política económica de la cuarta transformación. El apoyo de los empresarios a AMLO, para quien la concentración de la riqueza “provoca ingobernabilidad, confrontación, violencia”, es de dientes afuera.

Las corporaciones se sentían más cómodas con Peña Nieto y sus predecesores, pues les permitían, precisamente, acumular capital, hacer negocios con el Gobierno, recibir privilegios fiscales y recuperar porciones significativas de los impuestos pagados. Pocas voces denunciaron la corrupción rampante en el sexenio peñista y guardaron silencio frente a las masacres.

El organismo empresarial más crítico del Gobierno es la Coparmex, de la cual surgió un candidato presidencial, Manuel J. Clouthier. La misma aspiración tendría su dirigente actual Gustavo de Hoyos, sin poseer el liderazgo, el arrojo ni el carisma de Maquío.

AMLO es por ahora el dueño de la situación. El poder recibido en las urnas le permite poner a raya a los gobernadores, cuya influencia en los sexenios de Vicente Fox, Felipe Calderón y Peña Nieto creció desmesuradamente, pues dispusieron de dinero y libertad política como nunca.

Además de tener un delegado en cada estado para coordinar los programas sociales y clientelares de la 4T, y de controlar 20 de las 32 legislaturas locales, el Presidente les cerró a los mandatarios las llaves de Hacienda.

Pocos gobernadores se atreven a cuestionar a AMLO como lo hicieron con Calderón –en Saltillo, durante el moreirato, en bardas y otros espacios públicos se le tachaba de borracho–, y menos aún a mangonearlo como a Peña Nieto, para no exponerse a ser investigados por irregularidades propias o de sus predecesores.

Están conscientes de su debilidad frente a un Ejecutivo todopoderoso y a una Unidad de Inteligencia Financiera convertida en azote de los corruptos. Con varios peces gordos en prisión, más vale andarse con cuidado.

En los tres últimos sexenios los gobernadores pudieron presionar al Presidente, negociar con la Federación mayores recursos económicos e inversiones y obtener impunidad de la PGR, porque controlaban a los diputados y senadores, cuyo apoyo en gobiernos divididos es crucial a la hora de votar reformas constitucionales. Eso también cambió.

AMLO, Morena y sus aliados, incluido el PRI, tienen mayoría en el Congreso, donde no solo se aprueba el presupuesto, sino también se pueden iniciar juicios políticos y desaparecer poderes locales. AMLO empieza a reinstaurar la Presidencia omnímoda, sin contrapesos, lo cual representa un retroceso democrático.

En la Suprema Corte de Justicia tendrá pronto mayoría y en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) impuso a Rosario Piedra Ibarra en un proceso cuestionado. La excandidata de Morena a diputada federal será literalmente una piedra en el zapato de los gobernadores. Frente a las masacres en Allende y en el penal de Piedras Negras y las desapariciones forzadas, el ombudsman Raúl Plascencia prefirió mirar para otro lado.