La reforma que diputados de Morena y aliados aprobaron antier, tiene como finalidad que las empresas puedan descontar, antes de cubrir el sueldo de sus empleados, los montos referentes a los pagos de estos créditos, facilitando la cobranza de prestamistas formales como bancos y financieras, utilizando de cobradores a los patrones. Esta reforma está hecha a la medida para complacer a las Sofomes, financieras y bancos en el país.

Sin embargo por muchos motivos, es inconstitucional, ya que vulnera el principio de “salario remunerador”; “salario inembargable; Mínimo Vital y el Derecho Humano a la Propiedad. De entrar en vigor, violentaría distintas disposiciones constitucionales como el derecho de todos los mexicanos a contar con un salario remunerador (Art. 123 de la Constitución mexicana). El Salario es un derecho humano, y está protegido de manera implícita por el Artículo 1º de nuestra Carta Magna, así como por muchos criterios de la Suprema Corte.

Esta iniciativa impulsada por Morena, después de haber pasado un tiempo en la congeladora, fue por fin aprobada de madruguete, sin previo análisis, sin parlamento abierto, sin la opinión de la Condusef, la SHCP, la Comisión Nacional de Derechos Humanos o las organizaciones ciudadanas de usuarios de servicios financieros. Al parecer la prisa por aprobarla obedece a que fue un encargo de varios morenistas que son socios o propietarios de empresas financieras, sociedades Financieras de Objeto Múltiple y entidades financieras, que además de ser sociedades anónimas, su principal función es otorgar créditos.

Lo grave del asunto es que el Derecho Humano a la propiedad, entrañaría la firme prohibición de que, vía retenciones salariales por adeudos de créditos de Sofomes o de la banca, se prive a aquellos trabajadores que más lo necesitan de dicho derecho protegido. ¿Pues no que para Morena primero eran los pobres?