Colima.- La Fiscalía General de la República (FGR), a través de su delegación en Colima, obtuvo la vinculación a proceso en contra de una mujer identificada como Paula “F”, quien se desempeñaba como tesorera de un plantel educativo, por su probable responsabilidad en el delito de peculado.

De acuerdo con la carpeta de investigación integrada por la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), la imputada habría dispuesto indebidamente de 150 mil pesos provenientes del erario federal. Estos fondos formaban parte del programa “La Escuela es Nuestra” (LEEN), una de las iniciativas prioritarias del gobierno federal.

Los hechos en Coquimatlán

La investigación señala que Paula “F” fungía como tesorera de un comité escolar en una institución de nivel preescolar ubicada en la localidad de Cruz de Piedra, en el municipio de Coquimatlán, Colima.

En su calidad de administradora, la ahora procesada tenía la obligación legal de destinar el dinero exclusivamente a la infraestructura del plantel. Sin embargo, las indagatorias apuntan a que dispuso del efectivo para fines distintos a los establecidos en las reglas de operación.

Tras presentarse las pruebas por el desvío de recursos, un juez de control libró la orden de aprehensión y dictó el auto de vinculación a proceso. Debido a la naturaleza del delito, se impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que Paula “F” llevará su proceso recluida. Se otorgó un mes para la investigación complementaria.

¿Cómo funciona el manejo de estos recursos?

Es importante recordar que el programa “La Escuela es Nuestra” opera bajo un esquema de entrega directa de recursos, eliminando intermediarios gubernamentales tradicionales. El dinero es depositado directamente a los Comités Escolares de Administración Participativa (CEAP), integrados por padres de familia elegidos en asamblea.

La tesorera del Comité (puesto que ocupaba la imputada) es la única facultada para retirar el efectivo y realizar los pagos de obras o insumos. Esta confianza depositada conlleva una responsabilidad penal directa, ya que, al administrar dinero federal, los padres de familia adquieren obligaciones equiparables a las de un servidor público en cuanto a la custodia del erario.

¿Qué es el delito de peculado y cuáles son las penas?

El delito de peculado es una de las faltas graves contra la administración pública. Según el Código Penal Federal, este delito lo comete quien, teniendo bajo su custodia dinero o valores del Estado por razón de su cargo, los distrae de su objeto para uso propio o ajeno.

Las sanciones se calculan en Unidades de Medida y Actualización (UMA). Según el Artículo 223 del Código Penal Federal:

Si el monto no excede 500 veces la UMA: Pena de tres meses a dos años de prisión.

Si el monto excede 500 veces la UMA: La pena es de dos a catorce años de prisión.

Dado que el desvío es de 150 mil pesos, la cantidad supera las 500 UMAs (aproximadamente 54  mil 285), por lo que la imputada podría enfrentar el rango de pena mayor, hasta 14 años de cárcel.