La Ley de Participación Ciudadana de Coahuila garantiza el involucramiento de la sociedad en las decisiones de las autoridades, en cuanto a la programación presupuestal, de aplicación de gasto y de programas prioritarios para una comunidad. Eso es bueno, pues se incentiva a una comunidad para que disponga de acciones que puedan mantener equilibrios y supervisión social.

Ley publicada en el Periódico Oficial el viernes 16 de noviembre de 2001, en su artículo 21, señala que “el Ejecutivo del Estado o el Ayuntamiento de que se trate, podrán crear comisiones ciudadanas y/o interinstitucionales para coadyuvar en la elaboración de la agenda comunitaria estatal o municipal”. Que tienen como objetivo el impulsar o abrir espacios y mecanismos de participación de las y los ciudadanos o habitantes para proponer la solución de problemas comunitarios.

Pero, no todas las instancias de Gobierno, estatal o municipal, disponen de mecanismos directos o de participación ciudadana que puedan dar pie a un intercambio con la población abierta, y no solo de colectivos o sociedad civil organizada, sino del resto de la ciudadanía que debería disponer de espacios en los sitios web de las oficinas públicas, para proponer, señalar, quejarse o hasta decir en qué está a favor o en contra de lo que hace tal o cual dependencia.

Puede ser desde un correo electrónico, una plataforma en redes sociales (pero de libre acceso) o un buzón de sugerencias o quejas que electrónicamente permita a las personas interactuar directamente con sus autoridades.

Incluso, esta legislación impulsada en la administración del exgobernador Enrique Martínez y Martínez, empodera a la ciudadanía para que proponga acciones, iniciativas y reglamentaciones que puedan robustecer o mejorar las actividades y atribuciones de las dependencias del Gobierno estatal o municipales.

Contempla la operatividad de la Procuraduría Social y de Atención Ciudadana del Estado de Coahuila, en donde puedan definirse posturas o discutir acuerdos que precisamente promuevan la apertura de la participación ciudadana en todos los ámbitos de la Administración estatal y los municipios de Coahuila.

No obstante, es evidente la resistencia al cambio y la apertura a la sociedad civil. La apertura y la transparencia es un elemento esencial en cualquier función de gobierno. Y más allá de lo que dice la legislación o cualquier normatividad, lo importante es generar pedagogía en la población para tener una sociedad proactiva.

La Ley de Participación Ciudadana de Coahuila es una herramienta social indispensable para el fortalecimiento de la función pública, pues sin la visión ciudadana en los programas de inversión o la agenda social para 2022, es difícil acertar en los procesos y las acciones efectivas que demanda la población.