Tras su “reunión virtual” del 1 de marzo, los presidentes de México y Estados Unidos, “destacaron la importancia de enfrentar la crisis climática y acordaron explorar áreas de cooperación. Los líderes reconocieron los beneficios de reducir los contaminantes climáticos de corta duración, así como la necesidad de promover la eficiencia energética”.

Resulta muy claro, sin embargo, que el Gobierno de México no va a respetar sus compromisos. Se espera que este jueves el Senado apruebe en fast track la nueva Ley de la Industria Eléctrica y que lo haga, como quiere el presidente Andrés Manuel López Obrador, sin cambiarle una coma. La nueva legislación tendrá muchas consecuencias negativas sobre la economía mexicana, pero una de las más inmediatas, será un incremento importante en las emisiones contaminantes.

No se requiere mucha inteligencia para entender por qué. La legislación todavía vigente privilegia la compra de electricidad más barata y limpia. La nueva comprará primero la que provenga de la Comisión Federal de Electricidad, que es más cara y significativamente más sucia. El inevitable resultado será una mayor contaminación.

Si el presidente López Obrador ha tomado la decisión de impulsar una medida que aumentará significativamente las emisiones contaminantes, me pregunto por qué aceptó reconocer, en la llamada con Joe Biden, los beneficios de reducir los contaminantes y la necesidad de promover la eficiencia energética. Quizá porque son objetivos políticamente correctos y el Mandatario es políticamente correcto. Le gusta asumir causas buenas, aunque en la práctica tome medidas opuestas.

El calentamiento global es un fenómeno producido por la actividad humana. Los estudios científicos no dejan lugar a dudas. Es verdad que los políticos con frecuencia lo exageran para obtener votos y apoyos, pero hay una conciencia en el mundo de que es importante reducir las emisiones de carbono para disminuir el ritmo de aumento de la temperatura del planeta. México ha entendido esta situación y por eso es signatario del Acuerdo de París y de otros compromisos internacionales para disminuir emisiones. La política energética en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, se forjó con apego a la necesidad de reducir las emisiones.

La nueva política energética de López Obrador va en sentido contrario. Tanto la nueva Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad del Sistema Eléctrico Nacional, que ya la Suprema Corte declaró inconstitucional, como la nueva Ley de la Industria Eléctrica, que tiene las mismas disposiciones y fue votada ayer en el Pleno del Senado, incrementan las emisiones al privilegiar la compra de electricidad de plantas muy sucias, como la de Tula, Hidalgo, responsable de la mayor parte de la contaminación por partículas que sufre el Valle de México.

Supongo que lo único que interesa a los políticos es obtener votos para llegar al poder o conservarlo, pero la política debería promover la adopción de estrategias públicas sensatas y coherentes para alcanzar ciertos objetivos. Si el presidente López Obrador está comprometido con promover la eficiencia energética y reducir la emisión de contaminantes a la atmósfera, no debería limitarse a decírselo al Presidente de Estados Unidos en sus reuniones virtuales o presenciales; debería tomar medidas para asegurar que estos deseos se hagan realidad.

Sin director

Muna Dora Buchahin, exdirectora de auditoría forense de la Auditoría Superior de la Federación, advierte que desde 2019 no hay director general de auditoría de obra pública. Quizá esa sea la razón del error en la estimación del costo de cancelación del NAIM. La ASF, cabe señalar, no ha tenido las reducciones de sueldos que han afectado a otros órganos especializados.