Ciudad de México.- El Poder Ejecutivo propondrá una nueva ley ambiental que endurece severamente los castigos por daños a la ecología, crea un padrón público de infractores y transforma a la Profepa en la Procuraduría Federal de Justicia Ambiental (PFJA), dotándola de facultades operativas similares a las de una fiscalía.

La iniciativa de la nueva Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, publicada por el Gobierno federal el pasado 14 de mayo, busca reemplazar a la legislación que ha estado vigente, con decenas de reformas, desde 1988.

Entre las novedades de la propuesta destaca el incremento en las sanciones económicas, ya que las multas por infracciones ambientales, actualmente topadas en 15.7 millones de pesos, ahora podrán alcanzar un techo de hasta 847 millones de pesos.

Asimismo, se ordena la implementación en un plazo de dos años del Registro de Infractores Ambientales (RIA), una herramienta que exhibirá públicamente, por un periodo de entre 7 y 10 años, los nombres de personas o empresas responsables de un catálogo de 15 infracciones graves.

En tanto, la nueva PFJA adquirirá atribuciones no vistas antes.

Como medida precautoria, la Procuraduría estará facultada para ejecutar de forma directa, o en coordinación con autoridades de protección civil y de seguridad pública de los tres niveles de gobierno, la remoción o demolición de infraestructura “que cause un daño o menoscabo al medio ambiente con el fin de proteger la vida y los bienes de las personas”.

Además, en las investigaciones de la Fiscalía General de la República por delitos ecológicos, la PFJA ya no solo será coadyuvante, sino que también tendrá calidad de víctima, lo que le dará una serie de derechos procesales, entre ellos, impugnar el no ejercicio de acción penal, la absolución de los acusados o los montos de condena a reparación de daño.

Y TAMBIÉN MENOS TRANSPARENCIA

La ley vigente permite reservar información de las Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) que se considere confidencial o pueda afectar secretos industriales o comerciales. Sin embargo, con la nueva propuesta se autorizaría al Gobierno reservar las MIA en su totalidad, si lo solicitan los promoventes de la obra.

“ La autoridad debe resolver si el expediente se publica o no, con base en los principios y normativa ambientales”, dice la propuesta, que reduce de 60 a 45 días el plazo que tiene la de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para resolver sobre la MIA.

Para las obras prioritarias o estratégicas del Gobierno ya no aplicará la exigencia de la MIA, sino la nueva Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), un instrumento que las dependencias responsables deberán contemplar desde el inicio del proyecto y que requerirá la aprobación de la Semarnat.

Además, la nueva ley contiene parámetros más claros y detallados para el desarrollo de los procedimientos administrativos, inspecciones y verificaciones que realiza la PFJA, y se fijarán criterios técnicos para valorar económicamente los daños ambientales.

Por otra parte, se suprime el capítulo de denuncias populares en materia ambiental, figura poco utilizada desde que fue creada en 1996, pero eso no impedirá que cualquier persona pueda seguir denunciando cualquier daño o conducta ilegal ante las autoridades.