Los efectos adversos que está causando la pandemia en la economía del país son lamentablemente superiores a los que habían pronosticado los economistas más escépticos y contrarios al régimen actual. Según información que dio a conocer el Inegi recientemente, mediante la nueva forma de conocer los datos sobre ocupación y empleo de la población, a raíz de la pandemia las tradicionales entrevistas presenciales que llevaba a cabo el personal de esa institución se cambiaron por telefónicas. Se diseñó una nueva muestra representativa de la sociedad, pero los resultados que arrojó la encuesta fueron inesperados: más de 12 millones de personas han perdido su empleo. Esa enorme cantidad incluye trabajadores tanto del sector formal como de aquellos que realizan actividades que no son reguladas por las autoridades fiscales y de seguridad social. Y si se añaden los recortes en los sueldos que están llevando a cabo las empresas entre su personal no sindicalizado, decremento que sin duda afecta el poder de compra de un sector de la sociedad y una debacle que aún no se dimensiona, el panorama económico se ensombrece. La disminución de las fuentes de trabajo fue mucho mayor de lo que estimaba el Primer Mandatario del país.

Antídoto económico. Por otro lado, la Cepal recomienda a los gobiernos de América Latina y el Caribe que adopten en la medida de lo posible las siguientes estrategias: 1) Generar un ingreso básico de emergencia, que corresponda a una línea de pobreza; 2) Fortalecer mecanismos para apoyar a los ingresos, empleos y Mipymes; 3) En el área impositiva, sugiere incrementar los impuestos de carácter directo a los ciudadanos, cuyos ingresos se encuentren entre los últimos deciles del ingreso, inclusive sugiere gravar con ese nuevo tributo al 1% más rico de la población, entre otras. El organismo propone además un nuevo pacto social, fiscal y productivo, que propicie una nueva geografía económica, que se sustente en una reactivación verde, amigable con el planeta.

Los sindicatos de empresarios del país también elaboran una serie de propuestas al Gobierno, una de ellas, que tiene cierta similitud con la que recomienda la Cepal, es lo que ellos llaman salario solidario, que compense las probables rebajas a los sueldos o despidos de los trabajadores por parte de los empleadores, a raíz de la caída de ventas y/o producción por la pandemia. La respuesta que ha dado la Secretaría de Hacienda, a través de su titular, fue clara y categórica: las arcas nacionales no tienen la capacidad financiera para emprender políticas y acciones fiscales semejantes a las de la Unión Europea o Estados Unidos para reactivar sus economías. Por ello, el plan económico antiCovid-19 propuesto por el Gobierno, es insuficiente, pues la mayoría de las medidas se centra en el sector consumo, paliativos que quizá ayuden a subir marginalmente el consumo de la población más vulnerable, pero dejan a la inversión productiva desprotegida, que es la que genera empleo, demanda y riqueza.

En cuanto a infraestructura pública, las obras icónicas del Gobierno, como la refinería de Dos Bocas o el Tren Maya, son proyectos muy acotados para determinadas regiones y sus efectos en compra de materiales y generación de empleo, por ejemplo, no llegan al resto del territorio nacional. Esa es una de las grandes diferencias con el plan que formuló el presidente Roosevelt en Estados Unidos, el legendario New Deal, que logró reactivar la economía estadunidense después de la Gran Depresión.