Ahora que ha quedado al descubierto la red de corrupción del clan que encabeza la expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, nos hacen ver que es necesario hacer una revisión de quién y cuándo le dieron a la sonorense “superpoderes” para designar a los funcionarios sin necesidad del aval del Consejo General.

Nos recuerdan que fue hace dos años, en octubre de 2024, cuando se aprobó otorgarle a Taddei dichas atribuciones y que, por instrucciones del entonces coordinador de la bancada mayoritaria, Adán Augusto López, el senador morenista Pável Jarero presentó de último minuto una reserva durante la discusión de las leyes secundarias de la Reforma Judicial y se avaló.

Pese a la advertencia de la oposición, expertos electorales y analistas del riesgo que implicaba afectar la colegialidad del Consejo General del INE en el nombramiento de funcionarios, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la modificación a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Ni los magistrados electorales ni los senadores Adán Augusto López y Pável Jarero han abierto la boca para asumir responsabilidad alguna en el empoderamiento de la consejera presidenta Taddei, que gracias a esas atribuciones que le brindaron llevó al INE al escandaloso caso de corrupción que hoy vive.

Servidores de la Nación y del exchofer del hermano de AMLO

Nos cuentan que durante su comparecencia ante la Cámara de Diputados, la secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, afirmó que los Servidores de la Nación no serán utilizados para promover el voto a favor de Morena en la elección de 2027, pero resulta que Jesús Gilberto Martínez Ramos, enlace de los Servidores de la Nación en Tabasco, en un audio que se ha hecho público, exige que sus subordinados apoyen a José Antonio Rodríguez Subiaur, exchofer de José Ramiro López Obrador (secretario de Gobierno de la entidad), quien busca la candidatura a la Presidencia Municipal de Macuspana.

Por lo cual, el diputado Erubiel Alonso Que, de Movimiento Ciudadano, interpuso una denuncia para que se investigue el uso de recursos públicos con fines electorales. ¿Será un modus operandi, como ha denunciado la oposición, o don Gilberto sólo quiso hacer quedar mal a doña Leticia?

En Palacio Nacional cierran la polémica por Chihuahua

Para la presidenta Claudia Sheinbaum quedó en el pasado el tema de la polémica generada con la Gobernadora de Chihuahua por la operación de los agentes de la CIA en el estado sin autorización del Gobierno federal tras la detención del exfiscal César Jáuregui.

Nos refieren que la Mandataria dejó claro que dio por cerrado el intercambio de dimes y diretes que tuvo con la Gobernadora panista chihuahuense, Maru Campos, por la reunión que ambas sostuvieron y de la que mucho se ha hablado en los últimos días.

“Ya dijimos lo que teníamos que decir”, sostuvo la Presidenta en la conferencia mañanera de ayer. ¿Será que también haga lo mismo la señora Campos?

Que no le digan ‘narcoelecciones’, es el deseo

Nos cuentan que el tema de las elecciones está de mírame y no me toques en Morena. Y es que el mayor temor es el uso del prefijo “narco” que el INE vetó de la boca de “Alito” Moreno, así como también la palabra “muerte” de la boca del PAN de Chihuahua, al hacer ambos alusión a Morena.

Nos dicen que la estrategia es atajar que en 2027 se hable de narcoelecciones, luego de las recientes acusaciones que emitió la Gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, contra quien será el candidato morenista a la Gubernatura, Cruz Pérez Cuéllar, así como de la propia dirigente nacional del partido, que han sido refutadas por ambos. Además de las lecturas internas, el tema de preocupación es que el Gobierno de EU retome estos señalamientos dentro de su narrativa y que desde el norte se comience a hablar de una narcoelección en México en 2027, y más ahora que el oficialismo se quedó sin su defensora en el INE.