Ciudad de México.- La bancada del PAN en el Senado acusó al PRI de tratar de imponer un Fiscal Anticorrupción a modo y que carezca de autonomía para investigar los delitos cometidos por funcionarios y particulares.

Fernando Herrera, coordinador de los panistas, advirtió que las resistencias del tricolor han imposibilitado el nombramiento del futuro Fiscal, que deberá entrar en funciones el próximo mes de julio.

“El interés del PRI por un fiscal anticorrupción a modo y la negativa de dotarlo con verdadera y plena autonomía ha impedido el avance del proceso legislativo de elección de esa figura”, denunció el legislador.

“Es un hecho que el PRI no quiere un Fiscal Anticorrupción y tiende cortinas de humo para evadir su responsabilidad”.

El legislador advirtió que, de aceptar las pretensiones del PRI, no habrá garantía de que se actúe a fondo en casos emblemáticos de corrupción, como los de ex Gobernadores priistas detenidos o investigados por malos manejos.

El panista insistió en que su bancada no participará en la elección del Fiscal Anticorrupción hasta que se aprueben las reformas que hagan efectiva su independencia y, sobre todo, la del próximo Fiscal General de la República.

Herrera reiteró que es necesario reformar el artículo 102 de la Constitución para definir la elección del Fiscal General, reducir su mandato de 9 a 5 años, y aumentar el encargo de los fiscales especializados a cinco años.

La reforma, adelantó, deberá establecer que el Senado será el único facultado para designar y remover a los responsables de combatir los delitos electorales y de corrupción.

El coordinador detalló que la legislación tiene que dotar de plena autonomía al Fiscal Anticorrupción, cuyo nombramiento debe realizarse por la Junta de Coordinación Política, pero a través de un formato de parlamento abierto.

El Senado, consideró, debe discutir, junto con la sociedad civil, el rediseño integral del modelo de procuración de justicia, que implica el fortalecimiento de las investigaciones, un nuevo rol de la Policía, servicios periciales autónomos, la Ley Orgánica de la Fiscalía General y la creación de una Fiscalía Especializada en Derechos Humanos.