México.- El caso de Isabel Miranda de Wallace, que el fin de semana logró detener al último de los 11 sospechosos de secuestrar y matar a su hijo, expuso el reto de familiares de desaparecidos en México que se ven obligados a realizar investigaciones ante la ineficiencia y desidia policial.

“Las policías y fiscalías no mueven un dedo. Lo único que les interesa es disminuir el número de investigaciones pendientes. Eso lleva a los funcionarios a declarar que no hay pruebas suficientes y que las archiven”, explicó Eduardo Gallo, presidente de la ONG México Unido contra la Delincuencia.

Gallo es una figura emblemática de la lucha ciudadana contra el secuestro en México. A principios de la década de 2000 logró identificar y localizar a la banda que raptó y asesinó a su hija de 25 años.

El empresario cree que su caso y el de Miranda de Wallace -que al igual que él llegó incluso a participar en las detenciones- son los únicos en los que familiares han logrado por sus propios medios la resolución completa de los crímenes.

De todas formas, “la mayoría de los padres trata de investigar y consigue mucha información”, agregó.

En México, donde se calcula que 98% de los delitos quedan impunes, se cometieron 51 mil secuestros en 2008, incluidos los ‘express’, según una encuesta realizada en todo el país por el centro de estudios sobre inseguridad ICESI, que trata de suplir el vacío de información oficial a nivel nacional.

También hay que contar con que muchos familiares ni siquiera presentan denuncia porque “está comprobado que en una gran parte de los secuestros estuvo involucrado algún policía”, advirtió Gallo.

Los padres de José Antonio Robledo, un ingeniero secuestrado en enero de 2009 en el estado de Coahuila (norte), consiguieron acceder a sus cuentas bancarias, llamadas telefónicas y también visitan periódicamente las morgues y centros psiquiátricos buscando a su hijo.

“Nos mandaron a hacer estas gestiones porque era más sencillo conseguirlas como padres. Pero la fiscalía de Coahuila nunca trabajó en el caso. Y para que la federal haga diligencias es muy difícil si uno no está encima de ellos”, explicó su madre, María Guadalupe Fernández.

Sin sospechosos ni pistas de su hijo, ambos acudieron hace un mes a un congreso en el que participaron familiares de unos 200 desaparecidos.

“La mayoría también ha estado haciendo búsquedas en la medida de sus posibilidades, sin tantos medios como la señora Wallace”, recuerda María Guadalupe.

Únicamente en Coahuila, una organización humanitaria ha recopilado más de un centenar de casos de desaparecidos en los últimos tres años.

A esas familias “la policía les pregunta ‘¿Qué más sabe señora?’ o ‘¿Qué cree que debemos hacer?’. Y les obligan a arriesgarse, como a la señora Wallace”, dijo Blanca Martínez, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios en Coahuila, a la AFP.

Porque estas investigaciones extrajudiciales no sólo entrañan peligro para familiares como Miranda de Wallace, que fue amenazada al desplegar grandes anuncios con recompensas por los sospechosos del secuestro de su hijo en 2005.

Personas inocentes e incluso los propios autores de los crímenes corren el riesgo de sufrir una venganza, afirma Eduardo Gallo.

“Muchos familiares contratan a un investigador privado y cuando creen saber quién fue el responsable se toman la justicia por su mano. Sabemos que existen estos casos. A mí mismo me lo ofrecieron unos policías”, explica el activista.