Los gobernadores adolecen de debilidad política para empujar en el Congreso un nuevo pacto fiscal. Además, el año próximo dejarán sus cargos dos de las cabezas de la supuesta rebelión –Jaime Rodríguez, de Nuevo León, y Javier Corral, de Chihuahua–. La iniciativa es legítima, pero el momento inoportuno, pues surgió en medio de la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus. La intentona por atraerse a la opinión pública, cuando la Administración del presidente Andrés Manuel López Obrador navega a la deriva, terminó por encallar.

El tema de las participaciones federales es recurrente. El 20 de agosto de 2003, en Cuatro Ciénegas, Coahuila, la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) acordó con el presidente Vicente Fox avanzar en la “redistribución de competencias en materia hacendaria (…) para garantizar el sustento presupuestal de sus atribuciones constitucionales y dar sustento a la propuesta de la Convención Nacional Hacendaria (…) que conduzca a una reforma (…) sustentada en criterios claros y precisos que genere una nueva responsabilidad política y administrativa entre los gobiernos federal, estatal y municipal”.

Según la Declaración de Cuatro Ciénegas, la reforma estaría “orientada a incrementar la recaudación y la autonomía en esta materia, mejorar la distribución de los recursos y de la inversión pública, mejorar la interlocución de las entidades federativas con los órganos encargados de distribuir el gasto e impulsar la cooperación, la coordinación y la solidaridad”. Lo anterior, “para abatir y evitar que se profundicen las diferencias entre las entidades ricas y pobres”. La propuesta de los gobernadores del norte contradice este criterio, pues elevaría el rezago en los estados con menor recaudación y mayores índices de pobreza.

La iniciativa para cambiar la Ley de Coordinación Fiscal, promulgada el 27 de diciembre de 1978, surgió de los gobernadores de Coahuila (Miguel Riquelme, PRI), Nuevo León (Jaime Rodríguez, independiente) y Francisco García Cabeza de Vaca (Tamaulipas, PAN). Después se unieron los de Jalisco (Enrique Alfaro, Movimiento Ciudadano), Chihuahua (Javier Corral, PAN), Silvano Aureoles (Michoacán, PRD) y José Rosas Aispuro (Durango, PAN). Cuatro estados del primer grupo figuran entre los 10 donde se concentra el 86% de la recaudación federal (Reforma, 19.04.20). Coahuila, junto con Chihuahua y Nuevo León, tiene una de las mayores deudas per cápita y con respecto a su PIB (Secretaría de Hacienda).

La rebelión no tuvo eco entre la mayoría de los gobernadores e incluso José Murat, de Oaxaca, estado cuya tasa de pobreza es la tercera más alta del país (66.4%, Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social) la desestimó: “Ya habrá tiempo. La Organización Mundial de la Salud ha dejado claro que también hay que poner en cuarentena la división política. Hoy, que está en juego la vida –por la pandemia de coronavirus– no es tiempo de politizar ni de lucrar con la tragedia. La prioridad es salvar vidas” (La Jornada, 15.04.20).

Sin el apoyo de los gobernadores de la Ciudad de México (Claudia Sheinbaum), Veracruz (Cuitláhuac García), Puebla (Miguel Barbosa), Baja California (Jaime Bonilla), de Morena, y Estado de México (Alfredo del Mazo, PRI), donde la captación de impuestos es mayor, era difícil ganarle el pulso a Andrés Manuel López Obrador. El Presidente tiene la sartén por el mango.