Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) rechazó que el ex Gobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel sea un perseguido político, y aseguró que la imputación de huachicol fiscal que lo tiene en la cárcel responde a investigaciones apegadas a derecho, sin sesgos de otra índole.

En un comunicado, la dependencia reconoció que a Ruffo sólo se le acusa en su proceso de un daño a la Hacienda Pública de 166 millones de pesos, por el aseguramiento de 170 ferrotanques con 18 millones de litros de hidrocarburos asegurados en julio de 2025; sin embargo, anticipó que demostrará que el daño que ocasionó fue de más de 4 mil millones de pesos.

“Fueron las propias investigaciones las que revelaron la posible participación de las personas que han sido vinculadas a proceso, lo que deja claro que no se trata de una persecución política. Ernesto “N” no es perseguido por sus ideales o vínculos políticos, se le investiga por su probable participación en las conductas delictivas que hemos referido”, dijo la dependencia.

“La FGR reitera que dichas investigaciones son totalmente apegadas a derecho, sin ningún sesgo de otra índole, respetándose en todo momento el debido proceso, la presunción de inocencia y los derechos humanos de las personas imputadas”.

La respuesta de la institución ministerial se da horas después de que la Presidenta Claudia Sheinbaum también negó algún tipo de persecución en contra del ex primer Gobernador de Oposición en México (PAN), quien ahora también forma parte de Somos México.

Aunque desde la captura de Ruffo, la Fiscal General Ernestina Godoy señaló que dicha red delictiva contrabandeó hidrocarburos que ocasionaron un perjuicio al fisco de más de 4 mil millones de pesos, en el comunicado admite que esa suma tratará de demostrarla en el periodo de investigación complementaria del proceso penal.

“Es importante aclarar que si bien es cierto, hasta este momento se ha imputado un perjuicio fiscal de más de 100 millones de pesos derivado del contrabando realizado mediante 170 ferrotanques asegurados en julio de 2025; no obstante, del cruce de información entre la Agencia Nacional de Aduanas y el Servicio de Administración Tributaria se logró establecer la reiteración de más de 4 mil operaciones irregulares durante el primer semestre de ese año, lo que podría ascender a más de 4 mil millones de pesos de daño patrimonial a la nación, circunstancia que será debidamente acreditada en la investigación complementaria”, indicó.

“Por otra parte, es necesario señalar, con toda precisión, que el delito de delincuencia organizada, de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, amerita prisión preventiva oficiosa. Es la Carta Magna la que establece que las personas imputadas por dicho ilícito no pueden seguir su proceso en libertad”.

La FGR recordó que el 9 de agosto de 2018 Ingemar fue constituida por José Merino Valdés Cuervo y sus empresas Dragados y Puertos, S. de R.L. de C.V. y Servicios Portuarios, S.A. de C.V. y que el 12 de octubre del mismo año Ruffo inició con una participación en la empresa.

Agregó que para el 2021 Ruffo ya figuraba como accionista y fue designado Secretario del Consejo de Administración, participando junto con Merino Valdés en la conducción, representación legal y toma de decisiones estratégicas de la sociedad.

“Asimismo, la investigación permitió advertir que tanto José “N” como Ernesto “N” comparecieron de manera conjunta en diversos actos corporativos, modificaciones societarias y otorgamiento de poderes, particularmente relacionados con actividades de administración, comercio exterior, gestiones ante autoridades fiscales y aduaneras, así como en la operación general de la empresa”, afirma.

Indicó que, en los años posteriores a la entrada de Ruffo, Ingemar amplió su objeto social para incluir actividades directamente relacionadas con el manejo de hidrocarburos y la operación de terminales ferroviarias y servicios auxiliares vinculados al sector energético.

Pista inicial en Coahuila

La FGR dijo que el hallazgo de 33 ferrotanques con 3 millones 716 mil 254 litros, abandonados en julio de 2025 en Ramos Arizpe, Coahuila, fue la pista inicial para una investigación que evolucionó hasta concluir con la captura de Ernesto Ruffo.

Dijo que a raíz del aseguramiento de esos carrotanques, se practicaron inspecciones de campo, toma de muestras y dictámenes periciales para determinar el contenido de los petrolíferos, así como la implementación de medidas de seguridad y preservación de indicios.

“La investigación tuvo origen en el hallazgo de 33 ferrotanques abandonados en Ramos Arizpe, Coahuila. Las condiciones en que se encontraban representaban un riesgo para la población y para la seguridad industrial, debido a las altas temperaturas y al desconocimiento sobre la naturaleza de la sustancia contenida en dichas unidades”, dijo.

“Lo que inicialmente parecía ser un hallazgo aislado evolucionó hacia la identificación de una operación logística de mayor dimensión, con puntos de recepción, almacenamiento y distribución en diversas entidades federativas. El análisis de pedimentos, facturas, cartas porte, información ferroviaria y documentación corporativa permitió identificar a la importadora principal, una sociedad constituida en agosto de 2018 en la Ciudad de México. Inicialmente, la empresa (Ingemar) fue constituida por José “N” y dos personas morales”.

Añadió que, lejos de limitarse a la revisión de los ferrotanques, la investigación se amplió hacia el análisis de la cadena logística completa del producto y, como consecuencia, se identificaron otros ferrotanques relacionados con la misma operación en San Luis Potosí y Nuevo Laredo.

Dichos embarques asegurados presentaban las mismas características de importación irregular, al haberse declarado únicamente el 10 por ciento de lo que realmente contenían, permitiéndose reconstruir gradualmente la ruta ferroviaria utilizada para el traslado del combustible, concluyó la FGR.