Ciudad de México.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó atraer la revisión de una sentencia que declaró ilegal el proceso de creación de los libros de texto que el Gobierno empezó a utilizar en el ciclo escolar 2023-2024.

Por tres votos contra uno, la Segunda Sala de la SCJN rechazó ayer miércoles ejercer su facultad de atracción para revisar el amparo concedido por la jueza federal Yadira Medina a la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), en agosto de 2023.

La Ministra Yasmín Esquivel había propuesto atraer el caso, por considerar que es de relevancia jurídica excepcional, pero los demás integrantes de la Sala no estuvieron de acuerdo, por lo que ahora, el recurso de revisión de la Secretaría de Educación Pública (SEP) contra la sentencia de primera instancia será resuelto por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa.

Está por verse si este tribunal entrará al fondo del asunto, o si desechará el amparo, por considerar que los libros del año pasado ya fueron rebasados por los del ciclo 2024-2025.

El caso es relevante porque la sentencia de la jueza fija criterios sobre las obligaciones legales de las autoridades educativas federales en el proceso de creación de estos libros, que se basan en el Plan de Estudios La Nueva Escuela Mexicana, criticado por su contenido ideologizado y favorable al actual Gobierno.

Según Medina, esas autoridades violaron reiteradamente la ley, pues los libros ya estaban impresos meses antes de que se conocieran los programas de estudio respectivos, que la SEP publicó hasta agosto de 2023, pese a que el Plan de Estudios existía desde agosto de 2022.

Eso impidió la participación de autoridades educativas estatales, padres de familia y organizaciones sociales.

“ Primero se imprimieron los libros, y después se aprobó y ordenó la publicación de los programas de estudio, cuando esto último debe realizarse primero, porque aquellos – libros de texto- se deben ajustar a los programas de estudio, y no a la inversa”, afirmó la jueza.

“ La prosecución lógica de dicho procedimiento prevé que se propongan programas por autoridades locales, los cuales integrarán los programas provisionales que, precisamente, se pondrán a discusión pública (incluso como lo realizaron las autoridades responsables), para después, aprobados los programas definitivos, se elaboren, editen e impriman los libros de texto, y así se pongan a disposición de la sociedad”.

También en 2023, los gobiernos de Coahuila y Chihuahua impugnaron los nuevos libros ante la Suprema Corte de Justicia, y si bien el entonces Ministro Luis María Aguilar ordenó inicialmente suspender su distribución en esas entidades, las controversias fueron desechadas poco después.