Los 2 mil 628 millones de pesos malversados en Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas entre 2014 y 2019, documentados por el Border Hub en el reportaje “Frontera de papel: Desvío de empresas fantasma en el norte de México”, equivalen a un tercio de la Estafa Maestra por la cual está entre rejas la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles. En esta red participaron 11 dependencias federales, ocho universidades y 128 firmas fachada, de acuerdo con la investigación de Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.

El análisis de Hub de Periodismo de Investigación señala que los cuatro estados y 28 municipios de la zona facturaron “al menos 2 mil 628 millones de pesos (unos 120 millones de dólares) con 536 empresas fantasma… (los) cuales usaron como presuntos proveedores a personas físicas y morales que posteriormente fueron calificadas por el Sistema de Administración Tributaria (SAT) como empresas de papel (…). Tras un proceso de revisión, el SAT determinó que estas empresas han emitido comprobantes fiscales sin tener el personal, la infraestructura, los activos o la capacidad para prestar los servicios, y fueron calificadas como EFOS: Empresa que Factura Operaciones Simuladas”.

Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León, cuyos gobernadores promueven un nuevo pacto fiscal por la estrechez de las finanzas estatales agravada por la pandemia de coronavirus y el paro económico, facturaron 2 mil 318.8 millones de pesos, casi el 90% de los recursos, según el estudio. Las mayores irregularidades ocurrieron en las administraciones de Egidio Torre y Francisco García Cabeza de Vaca, en funciones (Tamaulipas), Rubén Moreira Valdez (Coahuila) y Rodrigo Medina (Nuevo León).

La existencia de zonas oscuras impide cuantificar el monto de los caudales desviados en gobiernos anteriores. “Es probable que antes del 2014 se operara el mismo esquema, pero no está documentado por la autoridad hacendaria debido a que es a partir de ese año que se reforma el Código Fiscal de la Federación y se faculta al SAT para detectar, investigar y exhibir a los contribuyentes irregulares”, advierte Miriam Ramírez, encargada de la investigación.

Resulta sospechoso que la base de datos matriz —proporcionada por el SAT en respuesta a 13 solicitudes de acceso a la información pública— no registre operaciones fraudulentas en los gobiernos de César Duarte (Chihuahua), detenido en Estados Unidos el 8 de julio y en proceso de extradición a México, donde se le acusa de desviar más de 6 mil millones de pesos; y Claudia Pavlovich (Sonora). La protección podría explicarla su pertenencia al primer círculo del exlíder del PRI, Manlio Fabio Beltrones, quien, junto con Duarte y el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, dirigió la red para triangular 250 millones de pesos a campañas electorales. El único detenido por el caso había sido el coahuilense Alejandro Gutiérrez.

Los vínculos del exgobernador Rubén Moreira Valdez con Videgaray —ambos fueron diputados en la LXI legislatura— aclararían también por qué la empresa Riviera Álamo, que entre 2015 y 2016 facturó al Gobierno de Coahuila 48 millones de pesos sin licitación por la compra de cobijas térmicas, aparatos eléctricos, bolos, mochilas y utensilios de cocina (Proceso, 08.11.16), tampoco aparece en la base de datos del SAT en la cual el Border Hub basó su investigación.