Ellabell, Georgia, EU.–  Cientos de agentes federales irrumpieron en una planta de Hyundai en Georgia, donde se fabrican vehículos eléctricos, y detuvieron a 475 personas en un operativo que forma parte de la política de deportación masiva del gobierno de Donald Trump.

La redada se distingue por ser la de mayor envergadura en un solo lugar y por enfocarse en una planta considerada el mayor proyecto de desarrollo económico del estado.

Según el ministro de Asuntos Exteriores de Corea del Sur, Cho Hyun, más de 300 de los detenidos son ciudadanos surcoreanos, una nacionalidad que rara vez es interceptada por las autoridades migratorias.

Los arrestados trabajaban para la planta de baterías conjunta de Hyundai y LG Energy Solution o para contratistas.

Perfiles de los detenidos y postura de las empresas

Steven Schrank, agente principal de las Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), informó que entre los detenidos había personas que ingresaron ilegalmente al país, así como otras con visas vencidas o que trabajaban con un permiso de exención de visa que no les permite empleo.

Un abogado de dos de los detenidos afirmó que sus clientes habían llegado bajo un programa de exención de visa y planeaban regresar pronto.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) confirmó que un residente permanente con antecedentes penales también fue arrestado. La portavoz de ICE, Lindsay Williams, negó reportes de que ciudadanos estadounidenses hubieran sido detenidos.

Por su parte, Hyundai Motor Company y LG Energy Solution declararon que están revisando sus prácticas laborales y que cooperarán con las autoridades.

Larga investigación y reacción de la comunidad

La redada fue el resultado de una investigación de un mes sobre presuntas prácticas de contratación ilegal. Los registros judiciales indican que la fiscalía aún desconoce la identidad de la “empresa o contratista que contrató a los inmigrantes indocumentados”.

La acción ha generado críticas por parte de organizaciones de defensa legal como Asian Americans Advancing Justice-Atlanta, que la calificó de “inaceptable”.

La redada en esta planta, que emplea a 1,200 personas, ha dejado a la comunidad local preocupada por el futuro económico de la zona.