Washingtons.- Para sobrevivientes japoneses de los campos de internamiento en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, como John Tateishi, quien tenía poco menos de tres años cuando fue enviado a prisión.

Nunca fue arrestado ni acusado de ningún delito. Pero, al igual que más de 120 mil inmigrantes japoneses y estadounidenses de origen japonés, él y su familia fueron detenidos y enviados en autobuses a campos de prisioneros en Occidente, como resultado de la paranoia y el racismo bélicos tras el ataque japonés a Pearl Harbor.

Ahora, Tateishi ve un inquietante paralelo entre su experiencia y el frenético impulso del Gobierno del presidente Donald Trump para detener y deportar a miles de inmigrantes, muchos de ellos hispanos y latinos, bajo un clima que consideran de estigmatización y miedo, informó CNN.

Fort Bliss, una extensa base militar en el desierto de El Paso, Texas, donde se retuvo a japoneses, japoneses-estadunidenses, italianos y alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, fue reconvertida en una instalación para la represión contra extranjeros. Actualmente alberga el campamento East Montana, uno de los centros de detención más grandes del país para personas acusadas de infracciones migratorias, donde al menos tres personas bajo custodia han muerto en los pasados dos meses.

La Liga de Ciudadanos Japoneses Estadunidenses calificó el uso de la instalación para detener a personas acusadas de violaciones a las leyes migratorias de “una desgracia para la memoria y el legado de los más de 125 mil personas de origen japonés injustamente encarcelados durante la Segunda Guerra Mundial”.

La ley de enemigos extranjeros de 1798 se utilizó para detener a originarios de otras naciones, muchos de ellos japoneses, mientras el decreto 9066 se empleó para detener y encarcelar a personas de ascendencia oriental de la costa oeste, incluidos ciudadanos que eran estadunidenses.

En su segundo mandato, Trump invocó la misma legislación para acelerar las deportaciones de venezolanos, quienes, según él, eran presuntos pandilleros y delincuentes que “invadían” Estados Unidos, y mandarlos a la supercárcel del presidente salvadoreño, Nayib Bukele.

En septiembre, un tribunal federal de apelaciones dictaminó que el uso de la ley por parte de Trump era ilegal, aunque sigue la disputa en juzgados.

Satsuki Ina, quien nació detrás de alambre de púas en el Centro de Segregación de Tule Lake, un campo de prisioneros de máxima seguridad en el norte de California, dijo que se identifica “completamente” con lo que está sucediendo hoy.

La sobreviviente, de 81 años, le dijo a CNN que las similitudes entre la experiencia de los estadounidenses de origen japonés y las operaciones dirigidas a los inmigrantes en Estados Unidos hoy en día “son profundas”.

“ El odio, la criminalización por raza y etnicidad, las narrativas falsas: hoy en día llaman a la gente violadores y criminales, y a nosotros nos llamaron saboteadores y espías”.

Hiroshi Shimizu, de 82 años, quien pasó sus primeros años en varios campos, incluidos Tule Lake y Crystal City, en Texas, dijo que no pudo comprender completamente lo que le habían quitado hasta más tarde en la vida, cuando vio a sus nietos “pasando por las mismas etapas que yo cuando estaba en prisión y todas las cosas maravillosas que pueden hacer siendo libres”.

“ Ahora puedo ver lo terrible que fue para mí haber pasado los primeros cinco años de mi vida en prisión”, dijo Shimizu a CNN.

Décadas más tarde, Estados Unidos reconoció que el encarcelamiento se basó en “prejuicios raciales, histeria de guerra y un fracaso del liderazgo político” y otorgó reparaciones de 20 mil dólares a cada sobreviviente.

Ahora, según Tateishi, quien ayudó a liderar la campaña por las reparaciones, es como si todo ese progreso se hubiera deshecho.

“ Parece que todo lo que hemos considerado sagrado en este país, y por lo que tanta gente luchó y murió, casi no tiene sentido”, dijo.

Similitudes “profundas”

Actualmente, la línea dura del Gobierno de Trump en la aplicación de las leyes inmigratorias ha derivado en el encarcelamiento de activistas con tarjetas de residencia permanente, en agentes federales enmascarados que detienen a personas en la calle, en el cierre de programas para refugiados y solicitantes de asilo, y en el arresto de cientos de trabajadores en redadas caóticas en sus lugares de trabajo. Muchas personas detenidas y deportadas nunca han sido acusadas de ningún delito.

El presidente ha defendido su firmeza, alegando que la represión está “totalmente centrada en los criminales, criminales realmente malos”.

La Corte Suprema ha confirmado la capacidad de los agentes del ICE para detener a personas por factores como su etnia, el idioma que hablan o su trabajo. En un caso grabado en video, un agente le dijo a un hombre en un suburbio de Minneapolis que estaba detenido debido a su acento.

Ina afirma ver claras analogías entre su historia y la situación actual, como la “criminalización por raza y etnia”, la “expulsión forzosa de sus hogares” y la “ausencia del debido proceso”, que reflejan su propia experiencia. Así como los niños estadounidenses de origen japonés fueron detenidos, también los niños inmigrantes han sido encerrados, algunos durante meses, en centros de detención; algunos niños, incluidos ciudadanos estadounidenses, han sido deportados.

En tanto, la Oficina de Aprehensión Criminal de Minesota denunció como “preocupante y sin precedente” que la Oficina Federal de Investigaciones se niegue a compartir pruebas sobre el asesinato a manos de agentes de migración del enfermero Alex Pretti, en Minneapolis, lo que ha generado tensiones entre autoridades estatales y federales en medio de cuestionamientos sobre transparencia en la investigación, informó CBS News.

Un informe publicado por los miembros demócratas del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes a principios de mes acusó a la administración Trump de mentir para “encubrir mala conducta” en los asesinatos de Good y Pretti.