Internacional

Publicado el lunes, 4 de mayo del 2026 a las 19:46
Loas Ángeles, EU.– En una carrera contra el reloj jurídico, defensores de los derechos civiles interpusieron este lunes una nueva demanda para bloquear disposiciones clave de la Ley SB4. La normativa, considerada una de las medidas antiinmigrantes más drásticas en la historia moderna de Estados Unidos, faculta a policías y jueces de Texas para arrestar y deportar a personas sospechosas de ingresar de forma irregular al país.
La querella, liderada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y el Proyecto de Derechos Civiles de Texas, solicita a un tribunal federal una orden de restricción que impida la implementación de la ley, cuya entrada en vigor está programada para el próximo 15 de mayo.
Este nuevo movimiento legal surge tras un revés en un Tribunal de Apelaciones, el cual determinó recientemente que las organizaciones demandantes carecían de derecho procesal en un litigio previo, lo que reactivó la amenaza de aplicación de la norma.
La demanda busca invalidar específicamente cuatro pilares de la SB4 que transformarían el sistema de justicia estatal:
1. Criminalización del reingreso: Tipifica como delito estatal la entrada irregular, con penas de hasta 20 años para reincidentes.
2. Facultades de deportación: Otorga a magistrados locales el poder de ordenar la expulsión inmediata de extranjeros.
3. Desacato migratorio: Convierte en crimen el incumplimiento de órdenes judiciales relacionadas con migración.
4. Continuidad procesal: Exige a los jueces tejanos seguir con juicios estatales aunque el imputado tenga procesos migratorios federales pendientes.
Adriana Piñon, directora legal de la ACLU de Texas, advirtió que la medida pone en riesgo la seguridad de comunidades establecidas y residentes con estatus legal.
” “La aplicación de las leyes de inmigración es competencia exclusiva del gobierno federal. Ningún estado ha reclamado jamás el poder que Texas amenaza con ejercer”, declaró Piñon, subrayando la posible inconstitucionalidad de la medida por invadir facultades de Washington.
La activación de la SB4 ocurre en un clima de alta tensión política. El gobernador Greg Abbott ha intensificado la presión sobre ciudades santuario como Houston, Dallas y Austin para forzar la colaboración con el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).
Esta postura de “mano dura”, alineada con las políticas federales de la administración de Donald Trump, enfrenta una creciente resistencia de sectores civiles que temen un aumento en la discriminación racial y la ruptura del tejido social en la frontera.
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