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Grupo Zócalo
Publicado el martes, 5 de mayo del 2026 a las 10:47
Nayarit.- “Siguen llevándose niños”, dice Arnulfo Carrillo, quien pidió que le cambiáramos el nombre por temor a represalias, mientras busca su teléfono en la bolsa tejida a usanza náayeri que lleva cruzada al pecho. Resalta por sus colores chillantes, borlas de estambre y flores bordadas en punto de cruz que atraviesan la tela.
De ahí saca el teléfono con el que muestra fotografías y videos que tomó cuando los jóvenes “borrados” pasaban frente a él durante la pasada Sumu’uavika, representación náyeri de la Semana Santa en Presidio de los Reyes, en la sierra de Nayarit.
Los “borrados” son jóvenes y niños que participan en la ceremonia con el cuerpo “pintado” con ceniza de olote mezclada con agua, una práctica ritual en la que la identidad humana se borra para representar la transformación en seres que encarnan el mal que, durante tres días, recorren las comunidades bajo esta figura.
La Semana Santa na’ayeri o Judea Cora es una fiesta ancestral previa a la llegada de los españoles, vinculada a la fertilidad, la lluvia, el maíz y la salud comunitaria. “Es una fiesta de protección para nosotros como pueblos originarios”, señala. Ni siquiera durante la pandemia fue suspendida, al considerarse parte de la continuidad cultural del pueblo.

Sin embargo, en los últimos años el ritual también ha servido para expresar inconformidades. Ante el anuncio de la construcción de la presa Las Cruces sobre el río San Pedro, jóvenes participaron en la Sumu’uavika con cascos y símbolos de la Comisión Federal de Electricidad, o incluso disfrazados de virus, como forma de rechazo.
“ Quien no entiende la cosmovisión puede pensar que están a favor, pero es lo contrario”, explica. En ese sentido, las representaciones —incluida la figura de “sicarios”— funcionan como una forma de pedir que el mal se retire de sus comunidades.
En la pantalla aparece una hilera de cuerpos ennegrecidos avanzando por caminos de tierra. La procesión va en silencio, niños y jóvenes vestidos con gorra negra, lentes oscuros y un paliacate blanco amarrado en forma de triángulo sobre la cabeza.
Entre la fila cargan palos y cartones recortados que simulan armas. En algunos casos visten ropa similar a la de grupos del crimen organizado, una práctica que en los últimos años se ha incorporado a este ritual en una región marcada por la violencia.
Algunos llevan sombreros con tiras de papel de colores y máscaras de animales elaboradas con cartón. Brotan cuernos, hocicos largos o chatos que les dan una apariencia de figuras demoníacas.
Entre la procesión, destaca un joven con sudadera de textura verde militar, carga una espada de madera y un banderín de papel blanco en el que escribió: “Me morí en Guerra”. Marranos.

Detrás y delante de él avanzan otros jóvenes con ropa y apariencia uniforme, los pies de algunos todavía calzan huaraches, mientras que otros los enfundan en botas de tácticas, coloridas por el polvo.
Arnulfo recalca que el reclutamiento de menores continúa y que muchos de los jóvenes crecen con la aspiración de ser soldados o marinos, pero cuando no logran entrar —por edad o falta de preparación— buscan otra forma de tener armas. “Quieren armas. Ese es el chiste”, resume.
Explica que el proceso suele empezar desde edades tempranas, con consumo de drogas en la secundaria y puntos de venta que, asegura, operan incluso cerca de escuelas. “Los jóvenes quedan expuestos y se vuelven presa fácil”. Relata que primero llegan con promesas de trabajo, de apoyo, de dinero; después, vienen los entrenamientos y la imposición de una cultura: la de la muerte.
“ Primero les dicen que los van a ayudar. Luego los obligan, los entrenan y los mandan a pelear con otros grupos”, e insiste en que no se trata de casos aislados, sino de movilidad entre comunidades y zonas de conflicto.
Habla de menores de entre 10 y 16 años. Menciona que son de Presidio de los Reyes, San Pedro y San Juan Corápa, donde calcula que podrían ser entre 40 y más de 50 los jóvenes reclutados en los últimos años, una cifra que considera alta para poblaciones pequeñas.
En Nayarit, durante 2025, se registraron 12 víctimas de entre 0 y 17 años en la categoría de “otros delitos que atentan contra la libertad personal”, 18 casos de corrupción de menores y 32 víctimas de homicidio, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) recogidas por la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM).
A nivel nacional, con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), estima que entre 145 mil y 250 mil niñas, niños y adolescentes en el país están en riesgo de ser reclutados o utilizados por grupos delictivos.
REDIM advierte además que el reclutamiento no cuenta con una tipificación penal específica, por lo que los casos suelen registrarse bajo delitos como trata de personas, corrupción de menores o desaparición.

El origen de esta situación, explica, se remonta a años en los que la siembra de amapola y la venta de goma dieron mayor presencia a grupos criminales en la región. Con ese auge, afirma, algunos jóvenes empezaron a verlos como referencia o modelo. “Querían ser como ellos”, asegura. Pero advierte que esa ruta no tiene retorno. “Quien se mete ahí ya no sale”.
Mientras sigue pasando las imágenes en su teléfono, habla también del entorno social que permite este fenómeno. Señala el consumo de drogas desde edades tempranas, la debilidad en la supervisión familiar y la pérdida de control comunitario.
“ Los padres muchas veces no denuncian por miedo a represalias y si denuncias, te va mal a ti o a tu familia y a eso se suma la desconfianza en las autoridades y la percepción de que no hay a quién acudir”, describe además la presencia constante de grupos armados en la zona, los recorridos, las camionetas, los hombres encapuchados. Recuerda que al principio no sabían quiénes eran, pero con el tiempo empezaron a reconocerlos como jóvenes de las mismas comunidades.
“ Luego se quitaron las capuchas y vimos que eran los mismos muchachos.

Habla de la confusión, del miedo y de la sensación de no saber ya a quién denunciar ni de quién cuidarse.
“ Hay niños perdidos desde los ocho años; simplemente se los llevan, no le avisan a la familia, no dicen nada”, afirma Eufrosina, mujer O’dam y representante de comunidades indígenas en el municipio de Huajicori, donde desde hace tres años se reportan desapariciones, desplazamiento forzado, enfrentamientos armados, homicidios y otras violencias.
Habla con calma mientras da pequeños sorbos a una taza de café. Lleva una blusa blanca con listones de colores en las orillas de los puños y el cuello, y una falda larga con flores. Su voz no se apresura, como si cada frase regresara a lo que ha visto y con miedo en los ojos pidió no revelar su identidad porque “ya quedan pocos y somos fáciles de encontrar”.
“ Algunos niños se van por decisión propia, otros se los llevan a la fuerza y después aparecen en otros estados, desafortunadamente no con vida; y esto ha sido el pan de cada día desde hace tres años”, afirma Eufrosina.
Dice que les arrancan los hijos, la tierra, las casas y a los que quedan, les arrebatan la paz con “mal de espanto”, porque cualquier cosa los asusta, un ruido, un grito, un golpe en la puerta, como si fueran por ellos. Luego, su memoria regresa a una posada organizada para niñas y niños desplazados en un espacio del CONAFE, en diciembre pasado.
“ Estábamos dándoles globitos para ese juego donde los inflas, se los atas a los pies y entre todos tienen que pisarlos; el que quede con el globo sin romper es el que gana, pero comenzaron a explotar los globos y los más chiquitos se tiraron al piso asustados.

Recuerda que con las pancitas sobre el suelo, niñas y niños se cubrían la cabeza y los oídos; el miedo se les notaba en la boca y en las lágrimas que asomaban entre las pestañas.
Eufrosina lo cuenta sin elevar la voz y mira a su hijo, luego suelta que, “los niños son los que más están resintiendo todo esto”. “Se les miran los ojitos, su cara de tristeza, pero también van a crecer lejos de su tierra y se va a perder la cultura”, dijo.
En Nayarit hay alrededor de 2 mil 672 hablantes de tepehuano del sur (O’dam), según datos del Censo 2020 del INEGI; aunque el experto en lingüística de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), Tutupika Carrillo, advierte que hasta 2026, según un censo de sus investigaciones, revela que hay solo 1,400 hablantes.
O’dam es el nombre con el que este pueblo se nombra y que alude a que son dueños de la sierra, las montañas, pero hoy son expulsados por la violencia.

Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia, advierte que el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes por parte del crimen organizado es un fenómeno que se ha extendido en México desde hace al menos dos décadas.
De acuerdo con estimaciones de su organización, cada año entre 35 mil y 45 mil personas menores de edad podrían ser reclutados por grupos delictivos en el país; sin embargo, no existen cifras oficiales que dimensionen con precisión la magnitud del fenómeno.
El especialista explica que este proceso se sostiene en condiciones de vulnerabilidad social por abandono escolar, violencia intrafamiliar, pobreza y falta de oportunidades, factores que colocan a niñas, niños y adolescentes en mayor riesgo.

“Les ofrecen promesas de dinero rápido y protección”, señala, al describir los mecanismos de enganche más comunes y advierte que el reclutamiento forzado no es un hecho aislado, sino parte de un ciclo de violencia en el que las víctimas pueden terminar integrándose a las mismas estructuras que los reclutan; además, subraya la necesidad de que este delito sea reconocido y tipificado en el marco legal mexicano.
Con información de Aristegui Noticias
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