Ciudad de México.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha oficializado la implementación de nuevas Reglas de Carácter General derivadas de la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI). Este movimiento busca actualizar el marco regulatorio nacional para combatir de manera más eficaz las estructuras financieras de la delincuencia organizada.

El cambio fundamental de esta normativa es la transición de un modelo de cumplimiento uniforme a uno basado en riesgos. Con esta disposición, los sujetos obligados deberán implementar medidas de prevención proporcionales al nivel de riesgo real de sus operaciones.

Las nuevas reglas incorporan estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera (GAFI) y fortalecen áreas críticas como:

Identificación exhaustiva del Beneficiario Controlador y de las Personas Políticamente Expuestas (PEP).

Monitoreo continuo y auditorías especializadas.

Capacitación y certificación obligatoria para los responsables de cumplimiento.

Estas acciones forman parte de una estrategia integral iniciada en agosto de 2025, bajo la gestión de Omar Reyes Colmenares en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). La reforma busca articular la inteligencia financiera directamente con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública mediante la incorporación de la UIF al Gabinete de Seguridad.

Esta articulación ha permitido transformar datos financieros en inteligencia operativa para desarticular redes ligadas al narcotráfico, tráfico de armas, robo de hidrocarburos y extorsión, en estrecha coordinación con instituciones como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y las fuerzas armadas.

De acuerdo con las autoridades, entre julio de 2025 y julio de 2026, la UIF reportó cifras históricas:

Incremento del 126% en el número de personas bloqueadas.

Aumento del 172% en cuentas bancarias bloqueadas.

Un total de 24 mil 622 cuentas inmovilizadas, de las cuales cerca del 32% están vinculadas directamente a grupos delictivos.

Además de los bloqueos, la administración destacó la recuperación de más de 578 millones de dólares a favor del Estado a través de procedimientos civiles para la recuperación de activos, vinculados a esquemas de corrupción y desvío de recursos públicos.

Hacienda enfatizó que el nuevo modelo no busca obstaculizar la actividad económica formal ni imponer cargas regulatorias innecesarias. La aplicación de las reglas será gradual y contará con mecanismos de orientación. Asimismo, se aclaró que las decisiones de bloqueo de cuentas se basan estrictamente en análisis técnicos y de riesgo, descartando cualquier uso de la institución con fines políticos.

Con esta actualización, el Estado mexicano busca consolidar un sistema capaz de seguir la ruta del dinero ilícito, fortaleciendo la integridad del sistema financiero nacional frente a los desafíos de la delincuencia moderna.