“Oh, burlarse de los uniformes que te cuidan cuando duermes”.
Rudyard Kipling, “Tommy”

Jenaro Villamil, titular del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, criticó este pasado 3 de octubre a los comentaristas de una cadena de radio: “¿Qué tipo de ‘periodismo’ es el de la mayoría de los conductores de Radio Fórmula que se la pasaron hoy todo el día gritando en el micrófono por qué no reprimió el Gobierno de Clara Brugada a los vándalos del Bloque Negro? ¿En serio creen que el diazordacismo mediático es lo correcto?”.

Impresiona la indiferencia de los funcionarios del régimen ante los robos de comercios y las agresiones a policías y reporteros que realizaron grupos de manifestantes el pasado 2 de octubre. Según la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, 94 policías fueron heridos y tres se reportaron como “delicados”. Otras 29 personas fueron atendidas por heridas de distinta gravedad, entre ellas reporteros y camarógrafos que trataban de hacer su trabajo.

Pablo Vázquez, secretario de Seguridad de la capital, declaró que unos 500 policías “acompañaron esta marcha para contener y encauzar a los manifestantes. Portaron solamente equipo de protección personal compuesto por escudo, casco, rodilleras y coderas, así como algunos extintores para evitar posibles conatos de incendio que pusieran en riesgo a los participantes”. Los manifestantes, en cambio, los agredieron con piedras, petardos, palos y bombas molotov.

Las pérdidas económicas fueron enormes. Según Gerardo López Becerra, presidente del Consejo para el Desarrollo del Pequeño comercio y la Empresa Familiar con Comercio Pequeño, se perdieron 300 millones de pesos nada más por los cierres, producto de que los comerciantes saben que la policía no los protegerá en casos de asalto o agresión, y unos 50 millones en “hechos de robo, que fueron más allá de vandalismo a joyerías”. Los ataques se concentraron en joyerías: a los manifestantes les interesaba maximizar la rentabilidad de los saqueos.

No tenemos que llegar a los extremos de represión fascista de Cuba o Venezuela para proteger a los gobernados. Las fuerzas de seguridad de Cuba reaccionaron a las manifestaciones del 11 de julio de 2021, que protestaban por falta de alimentos, internet y democracia, con detenciones arbitrarias, procesos penales abusivos y torturas. Detuvieron a mil 400 personas con lujo de violencia. Cientos permanecen encarceladas cuatro años después; a algunos les decretaron penas de prisión de hasta nueve años por el delito de manifestarse.

En Venezuela, Human Rights Watch señala que 24 manifestantes y transeúntes fueron asesinados por las fuerzas de seguridad en las protestas por el fraude electoral de 2024. Más de dos mil fueron detenidos.

Muy diferente fue la actuación del Gobierno de Lázaro Cárdenas Batel en Michoacán el 29 de enero de 2003 cuando un grupo de taxistas bloqueó las calles del Centro de Morelia. Un grupo de 150 granaderos llegó con toletes, gases lacrimógenos, caretas y escudos para levantar el bloqueo. Los líderes de los taxistas pidieron negociar, pero Gabriel Mendoza, subsecretario de seguridad, dijo en una entrevista a Reforma: “Nosotros no negociamos en la calle. La ciudadanía no tiene por qué sufrir este tipo de conductas”.

Nadie le pide al Gobierno de la Ciudad de México que aplique una política fascista de represión, como Cuba o Venezuela, pero tampoco debe aceptar que el “derecho” de agredir y saquear prevalezca sobre los derechos de los gobernados y de los policías.

Quizá los portavoces de este Gobierno deberían recordar la frase de José Martí: “El que tiene un derecho no obtiene el de violar el ajeno para mantener el suyo”.

Riquezas

El New York Times publicó este 4 de octubre un artículo sobre “la vergüenza de riquezas” de los políticos de Morena. Una cosa es predicar una política de “Primero los pobres” y otra acumular riquezas como lo están haciendo tantos políticos de la 4T.