Uno de los rituales del presidencialismo era el besamanos ignominioso. Después de cada informe, las Fuerzas Armadas y los gobernadores homenajeaban al “líder máximo”; las primeras, en el Campo Marte y los segundos, en la Hacienda de Los Morales.

La alternancia sepultó el culto y Andrés Manuel López Obrador borró sus últimos vestigios: convirtió la residencia oficial en Centro Cultural Los Pinos, “rifó” el avión –palacio con alas “que ni Obama tenía”– y desapareció el soberbio y elitista Estado Mayor Presidencial cuyo lema era “¡Al Presidente nadie lo toca!”, para acercarse a la gente. Incluso a María Consuelo Loera, madre del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán.

El Presidente viaja en vuelos comerciales y en los estados se traslada por carretera. Las giras son austeras –no pernocta en hoteles de cinco estrellas– y sus comitivas compactas. También prescindió de la legión de guardaespaldas que cuidaban a sus predecesores, aun con perros. El poder imperial se trasladó a los estados y municipios. Algunos gobernadores y alcaldes utilizan equipos y aparatos de seguridad ostentosos, flotillas de vehículos de lujo y enjambres de asistentes, secretarios y asesores de imagen.

Sin embargo, los gestos del líder de la Cuarta Transformación no producen seguridad, bienestar ni empleo. Entre enero y septiembre de este año ocurrieron 26 mil 231 homicidios dolosos y 724 feminicidios.

La retórica presidencial tampoco genera crecimiento económico ni reduce los efectos de la Covid-19, cuyas cifras ya excedieron el millón de contagios y los 100 mil decesos. Empero, el común de la gente todavía lo califica bien después de una sucesión de presidentes distantes y proclives al dispendio, el lujo y la frivolidad.

López Obrador pretende imponer a los estados el cuestionado modelo de austeridad y combate a la venalidad de la 4T. También busca suprimir los organismos que sean fuente de corrupción y absorban fondos públicos, con escasos o nulos resultados, para orientar el presupuesto a donde más se necesite. En Coahuila, la Academia Interamericana de Derechos Humanos y el Sistema Estatal Anticorrupción, herencias de Rubén Moreira, le cuestan al Estado más de 75 millones de pesos anuales. El Instituto Electoral gastará en el presente ejercicio cerca de 390 millones de pesos, de los cuales 164 millones son para financiar a los partidos.

Gobernadores y un sector del empresariado y de los medios de comunicación reprochan al Presidente que el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas distan de ser prioritarios. Ambos proyectos, junto con el aeropuerto de Santa Lucía, recibirán una inyección por 102 mil millones de pesos el año entrante, de acuerdo con el presupuesto aprobado por la mayoría de Morena en el Congreso. El monto equivale a la reducción en participaciones y aportaciones federales a los estados. El recorte podría ser de hasta 182 mil millones de pesos, según la Alianza Federalista.

AMLO ha pedido a los mandatarios locales vender los aviones –o dejar de alquilarlos, si no se tienen– y las residencias oficiales para ahorrarle gastos al erario. El único en responder ha sido Quirino Ordaz (PRI), de Sinaloa, quien, por cierto, no forma parte de la Alianza Federalista.

Después de varios intentos fallidos, la casa de Gobierno se subastó en 22 millones de pesos. El dinero serviría originalmente para mejorar la infraestructura hospitalaria, pero al final se decidió invertirlo en una unidad deportiva y en un centro recreativo (Río Doce, 17-03-20).