Ciudad de México.– En un movimiento clave para la justicia con perspectiva de género, el ministro Giovanni Figueroa Mejía propondrá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocar la sentencia de un Tribunal Federal que ordenaba repetir el juicio por el feminicidio de Sandra Karina García Alemán, ocurrido en 2020.

El proyecto, que se discutirá el próximo miércoles, pretende evitar que tecnicismos procesales obliguen a las víctimas indirectas a revivir el proceso legal, lo que la familia de la joven ingeniera ha denunciado como un acto de revictimización.

El conflicto: Tiempos procesales vs. Justicia de fondo

La controversia inició cuando el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito ordenó reponer el juicio oral debido a que se superó el plazo de 10 días naturales entre audiencias, establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP).

Sin embargo, la propuesta del ministro Figueroa Mejía establece un criterio disruptivo:

– Días hábiles, no naturales: Plantea que los plazos de interrupción deben computarse en días hábiles.

– Análisis de impacto: La reposición no debe ser automática. El órgano de amparo debe demostrar si el retraso realmente afectó los derechos de las partes o el resultado del fallo, privilegiando siempre el estudio de fondo del crimen.

Antecedentes: Del “feminicidio agravado” a la reducción de condena

Sandra Karina fue estrangulada el 18 de mayo de 2020 en Otumba, Estado de México, por su pareja, Luis Iván Rodríguez Figueroa.

1. Primera Instancia: El responsable recibió prisión vitalicia.

2. Apelación: El Segundo Tribunal de Alzada de Texcoco redujo la pena a 55 años, argumentando de forma polémica que no hubo “crueldad extrema” ni se acreditó la motivación del agresor.

3. Respuesta de la familia: Los deudos interpusieron un amparo acusando que se ignoraron las pruebas de violencia previa, amenazas y lesiones físicas, además de omitir la obligación de juzgar con perspectiva de género.

Perspectiva de género como obligación

En su proyecto, el ministro Figueroa Mejía es tajante: en contextos de alta violencia contra la mujer, juzgar con perspectiva de género no es opcional, sino una obligación constitucional. De aprobarse su propuesta, el asunto regresará al Tribunal Federal para que emita una nueva resolución que proteja los derechos de las víctimas y evite el colapso de las sentencias ya obtenidas.

” “Se debe evitar la revictimización de la parte recurrente”, detalla el documento, subrayando que la justicia no puede ser rehén de interpretaciones rígidas que favorezcan la impunidad en delitos de violencia de género.