El presidente Andrés Manuel López Obrador ha tomado en estos dos años de Gobierno decisiones desafortunadas que lastiman a los mexicanos. Una de las más fue la desaparición del Seguro Popular.

En su lugar inventó el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), un engendro al que le atribuyó decisiones de política pública cruciales para la población, sobre todo para los económicamente más vulnerables.

El Insabi a estas alturas ni reglas de operación tiene. Es el responsable, entre otras cosas, de las compras de medicamentos para el sector público, proceso que ya está desfasado en cuatro meses.

Este instituto delegó en la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) una bolsa de más de 100 mil millones de pesos para adquirir los insumos, esenciales para millones de mexicanos.

Pero la UNOPS ha demostrado ser una instancia incompetente y opoca. Su responsable, Guiseppe Mancinelli, se da el lujo de reservarse el derecho de no informar ni aclarar las dudas sobre las compras.

Los laboratorios nacionales e internacionales que López Obrador tildó de corruptos, pero que nunca pusieron en riesgo el abasto de medicinas, ya sabían que la UNOPS ni experiencia ni cobertura tenía.

Pero aún así la 4T le encomendó una delicada función que el Insabi equivocadamente le transfirió. Por conducir las compras gubernamentales en los próximos cuatro años le pagarán 135 millones de dólares.

El viernes 118 laboratorios farmacéuticos entregaron a la UNOPS 845 ofertas para cubrir 337 de un total de 395 claves de medicamentos, la gran mayoría genéricos, que el instituto había requerido.

Participan empresas de Malta, Guatemala, Brasil, Alemania, Reino Unido, India, China, Uruguay, Argentina, Cyprus y por supuesto de México.

Por ejemplo, Pisa, de Alejandro Álvarez Bermejillo, ofertó 95 partidas.

Le siguió Psicofarma, de Efrén Ocampo, con 60 partidas; Accord Farma, con 49, Amarox Pharma, con 29; la brasileña Cristalia Productos Químicos Farmacéuticos, con 27, y Sun Pharma, con otras 21 partidas.

Raam de Sahuayo ofertó 19; el argentino Aspen, 18; Zurich Pharma, 14; Fresenius Kabi y Bioresearch de México, 16; la alemana aqVida, 15, Asofarma 14, y las brasileñas Ems y Eufarma, 13 y 12, de manera respectiva.

La lista es todavía más extensa, pero estas compañías digamos que son las más interesadas en vender.

MÁS ALLÁ DE LO laboral, donde Aeroméxico ya logró cerrar acuerdos con sus siete sindicatos que le permitirán ahorros por unos 500 millones de dólares, otro expediente que debe resolver la empresa que preside Javier Arrigunaga es una reestructura accionaria.

Hasta ahora han entrado a su caja cerca de 275 millones de dólares divididos en dos tramos, uno de 100 millones y otro de 175 millones.

Este último de noviembre ya daba a Apollo Global Management la opción de convertir sus pasivos a acciones de la compañía reestructurada. Habría que ver quiénes de los socios mexicanos capitalizan para evitar diluirse. Apunte a Eduardo Tricio, Valentín Díez Morodo, Antonio Cosío, Cosme Torrado y Jorge Esteve, entre otros.

OTRA REESTRUCTURA FINANCIERA que no debe perder de vista es la de Cinépolis, que comanda Alejandro Ramírez. No se descarta que la cadena de salas también termine en un Chapter 11. Eso se rumoró la semana pasada en Estados Unidos, versión que inmediatamente fue desmentida.

El proceso se sigue en México y en Nueva York a toda prisa.

El objetivo es reestructurar cerca de mil 200 millones de dólares. Cinépolis es asesorado por Skadden, una de las firmas de abogados más prestigiadas de la “Urbe de Hierro”. Los bancos acreedores ficharon a FTI Consulting y al bufete Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez. La reestructura está a cargo de Lazard, que lidera Alfredo Capote.

EL COMITÉ REVISOR de la licitación del call center de la CFE, contrato valorado en más de mil millones de pesos, está integrado por cuatro áreas. La Coordinación de Telecomunicaciones, representada por Marco López; CFE Telecom, por José Said; la Dirección de CFE Suministro Básico, por José Martín Mendoza, y la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales, de César Hernández.

Si no hay ajustes al calendario, este viernes los pupilos de Manuel Bartlett abren las ofertas de Total Play, de Ricardo Salinas: Bestel, de Televisa de Emilio Azcárraga; Telmex, de Carlos Slim: HO1A, de Megacable de Enrique Yamuni: Drive-T, de Guillermo Chávez, y RETO, de Enrique Toscano.

LA CONFEDERACIÓN AUTÓNOMA de Trabajadores y Empleados de México (Catem) está ganando terreno en el sureste mexicano. Luego de que con el nuevo T-MEC ya no se permiten exclusividades en concesiones para camioneros se abrió de lleno el servicio que prestan en obras. La CROC y la CTM se quedaron con tarifas de antaño.

Las constructoras que están haciendo las obras emblemáticas en la región cada vez más optan por el gremio de Pedro Haces. ICA, que dirige Guadalupe Phillips, ha logrado presentar ofertas para el Tren Maya a precios muy razonables por las economías de escala que trae con varias obras en el sureste, donde los acuerdos con transportistas y camioneros han sido fundamentales.

DE LAS 43 empresas factureras que investigan la Fiscalía General de la República (FGR), que capitanea Alejandro Gertz Manero; la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que encabeza Santiago Nieto, y el SAT, al mando de Raquel Buenrostro, 70% de las operaciones está vinculado al grupo Álvarez Puga y Asociados. En diciembre se amparó contra una orden de aprehensión Luis Eduardo Puga Álvarez. Y es que desde 2019 hay una denuncia anónima en la FGR.

No hace mucho le reporté que la firma de servicios fichó como penalistas a los abogados Guillermo Barradas y Roberto Díaz. Son los que lograron las acciones legales contra Guillermo Álvarez, en Cruz Azul.