Ciudad de México.- Tras las primeras 12 denuncias penales que se interpusieron por outsourcing ilegal, las empresas que habían contratado a uno de los grupos evasores más grandes que ofrecía ese servicio ya lo cancelaron, dijo el titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda.

Eso es muestra de que están surtiendo efectos las acciones de las autoridades para el combate a la defraudación fiscal, afirmó en entrevista con EL UNIVERSAL el abogado de la Secretaría de Hacienda, que hoy firma un convenio con el Instituto Nacional Electoral (INE) para el intercambio de información para perseguir delitos de defraudación que pudieran darse en los comicios.

Y en los próximos días la Procuraduría Fiscal de la Federación dará a conocer la Guía de Cumplimiento Fiscal Electoral, para que partidos políticos, las empresas y ciudadanos que participen sepan que toda actividad causa un impuesto y que deberán cumplir con sus obligaciones.

Sobre las empresas que habían contratado los servicios del grupo outsourcero, advirtió que lo que procede es regularizar su situación ante el IMSS y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y pagar el impuesto sobre nómina local o, de lo contrario, atenerse las consecuencias penales.

“A uno de los grupos de outsourcing de los grandes le han rescindido los contratos que tenía con empresas de trabajadores por arriba de 5 mil empleados de varios sectores”, mencionó.

No puedo hablar quién es, pero sí tiene un efecto, matizó.

“La señal es que el outsourcing ilegal ya se acabó. El que cometa delitos fiscales de tercerización con el nuevo esquema de simulación tendrán, aparte de la reforma penal fiscal de 2020, una calificativa adicional, con lo cual podrán llegar hasta 13 años y medio de prisión”, apuntó.

Dijo que las empresas que contrataban esos servicios son culpables, porque hacen deducible ese gasto y acreditan el IVA; y eso significa que hay un pacto de los dos para no pagar como se debe.

Informó que ya presentaron las denuncias en los casos de evasión por outsourcing en la que aplica la reforma de 2020.

“Ya presentamos algunas de esas denuncias y en esas se podrá acreditar la defraudación fiscal como delincuencia organizada, y los delitos contra la seguridad nacional que nos va a permitir prisión preventiva oficiosa”, mencionó sin dar más detalles por las restricciones del secreto fiscal.

Sin la reforma penal fiscal y el reforzamiento contra la evasión y defraudación a través de la subcontratación laboral, no se podría haber mantenido la recaudación de impuestos durante 2020, cuando la pandemia por el Covid-19 provocó la caída de la economía, ponderó.

En el contexto de la presentación de su libro El outsourcing, tercerización o subcontratación laboral, Carlos Romero, dijo al Gran Diario de México que en lo que va del presente sexenio de la Cuarta Transformación hay un cambio, porque las reformas para evitar que los grupos delincuenciales sigan evadiendo el pago de contribuciones están teniendo un efecto inhibitorio.

Una muestra, señaló, es que las empresas que tenían contratados los servicios de outsourcing con uno de los grupos defraudadores más fuertes en el país ya rompieron relaciones, porque saben que es ilegal lo que están haciendo.

Ahora, lo que queremos es que no lo vuelvan a hacer; por eso los invitamos a que regularicen su situación fiscal, porque cayeron en un delito, puntualizó.

Tendrían que ponerse a mano en materia de impuestos y gravámenes locales, así como con las cuotas del IMSS, y lo que no pagaron por usar facturas falsas.