Resulta imposible ver a Jorge Torres subir esposado a un avión para ser extraditado a Estados Unidos y no pensar en sus jefes, Humberto y Rubén Moreira.

Fueron ellos quienes manejaron el estado y lo endeudaron de por vida.

El exgobernador interino se suma a la lista de políticos vinculados a una red de corrupción para desviar dinero de los coahuilenses a cuentas, campañas políticas y negocios particulares: fraccionamientos, ranchos, plazas comerciales.

Es un secreto a voces a dónde fue a parar una parte de los 36 mil millones de pesos de la deuda. Espacio 4 publicó en julio de 2015: “Humberto Moreira está libre (de culpa; de sospecha jamás lo ha estado) porque el sistema lo protege, así de simple”.

Los señalamientos de que ‘robó cientos de millones de dólares del erario de Coahuila’, hechos en la Corte del Distrito Oeste en San Antonio, Texas, colocan al exgobernador en una situación delicada.

La deuda por más de 36 mil millones de pesos dejó de preocuparle, solo en apariencia, cuando la PGR lo eximió por ‘falta de pruebas’ y la ‘extinción del delito’, sin haberlo investigado. Mas no es lo mismo afrontar la justicia en México que al norte del Bravo.

El lagunero Guillermo Flores Cordero, el extesorero Javier Villarreal Hernández y el empresario Rolando González Treviño se declararon culpables de lavado de dinero en EU para reducir sus sentencias e incluso purgarlas en libertad.

Ahora las baterías apuntan a Humberto Moreira. González admitió haber conspirado para enviar dinero a EU de las arcas de Coahuila durante la gestión de Moreira.

Confesó para obtener algunas ventajas, pero además consciente de que el Gobierno estadunidense tiene elementos para probar los delitos.

“Aún sin aclarar el destino de la deuda ni castigar a los responsables, Estados Unidos puso a Moreira bajo los reflectores. Antes lo estuvo el exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, preso en Nueva York por lavar dinero para el narcotráfico —cártel de Juárez, el de mayor influencia en el sexenio de Carlos Salinas—; y en tiempos más recientes, los exgobernadores de Tamaulipas Tomás Yarrington y Eugenio Hernández. ¿Hasta cuándo las autoridades mexicanas harán la vista gorda?”.

Villanueva regresó a México el 19 de enero de 2017 para terminar de purgar una condena de 22 años por lavado de dinero y tráfico de drogas. El exgobernador de Quintana Roo –ligado a Raúl Salinas de Gortari– habría lavado 100 millones de dólares en complicidad con funcionarios de su Administración.

José Chejín Pulido, secretario de Finanzas en el Gobierno de Villanueva, el equivalente de Jorge Torres López y Javier Villarreal Hernández, participó en el proceso como testigo protegido de la DEA.

Otra pieza clave del caso Coahuila es Juan Manuel Muñoz Luévano, “El Mono”, empresario de Matamoros, Coahuila. El narcotraficante y supuesto enlace de Los Zetas en Europa fue extraditado el 28 de febrero a EU donde se le acusa de lavado de dinero, organización criminal y otros cargos.

Muñoz se declaró culpable de uno de los delitos y se acogió a la figura de testigo protegido para seguir en libertad el proceso mientras se le dicta sentencia.

Los mismos pasos se dieron para atrapar y extraditar a Villanueva y Yarrington. Al final fueron colaboradores e informantes quienes pusieron entre rejas a dos intocables del sistema. El moreirato está en jaque.