Ciudad de México.– La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, acompañada de los coordinadores parlamentarios de Morena y el PT, recibieron en llamado Plan B electoral, por parte del enlace de Gobernación con el Congreso de la Unión, Juan Ramiro Robledo Ruiz.

A puerta cerrada se realizó el acto protocolario que se programó de último minuto.

Al recibir el Plan B, la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo destacó que esta es una reforma trascendental y confío en que sea aprobada por la

Mayoría de los legisladores.

De acuerdo con el documento presentado este martes por la mañana, la reforma constitucional contempla la reducción de costos y privilegios y que ningún funcionario gane más que la presidenta de la República.

Además, amplia los periodos para solicitar la revocación de mandato y no modidica la fecha de la elección judicial.

También reduce número de regidurías de 7 a un máximo de 15, además de limitar a una sindicatura por municipio.

El tope presupuestal será del 0.7 por ciento del presupuesto estatal para los Congresos estatales y los ahorros irán a obras de infraestructura pública.

Asimismo, se propone que funcionarios electorales de los estados no podrán ganar más que la presidenta.

Además se eliminarán bonos y seguros, además de ingresos adicionales. En el caso del Senado se acordó una reducción de gasto progresivo hasta llegar al 15 por ciento.

¿En qué consiste el plan B?

Según Sheinbaum, el nuevo plan buscará ajustar gastos excesivos en el sistema político y electoral, con la idea de que más recursos públicos se destinen a programas sociales, infraestructura, salud y educación, en lugar de financiar estructuras burocráticas o salarios elevados.

1. Reducir privilegios en congresos locales

Uno de los ejes principales del Plan B será establecer límites al presupuesto de los congresos estatales, debido a las grandes diferencias en el gasto por legislador entre entidades.

Como ejemplo, la presidenta mencionó que en Baja California el costo por legislador alcanza 34.8 millones de pesos, mientras que en Colima es de alrededor de 5.1 millones y en Morelos llega a 31.8 millones de pesos.

Sheinbaum aclaró que esos montos no corresponden al salario de los diputados, sino que incluyen gastos administrativos, pago de personal y mantenimiento de instalaciones. Sin embargo, señaló que las diferencias presupuestales entre estados no se explican únicamente por esas razones.

Por ello, la propuesta plantea establecer un tope máximo al presupuesto de los congresos locales, con el objetivo de que los recursos ahorrados permanezcan en los estados y municipios para atender necesidades públicas.

2. Limitar el número de regidores en municipios

El segundo componente del plan apunta a reducir el número de regidores en los ayuntamientos, ya que, según la presidenta, muchos municipios tienen más cargos de los necesarios.

Sheinbaum citó casos como Monterrey, con 28 regidores, y Puebla, con 23, mientras que otros municipios llegan a tener hasta 33.

De acuerdo con la mandataria, la creación de estos cargos en muchos casos respondió a acuerdos políticos o cuotas partidistas, lo que incrementó el gasto público.

La propuesta plantea establecer un límite al número de regidores, de modo que el dinero ahorrado pueda destinarse a obra pública, mantenimiento urbano, drenaje, agua potable o alumbrado.

3. Ampliar la consulta popular

Otro de los cambios que busca el Plan B es ampliar el alcance de la consulta popular.

Actualmente, la legislación mexicana prohíbe someter a consulta temas electorales, pero Sheinbaum propone que algunos de estos asuntos puedan ser votados directamente por la ciudadanía, por ejemplo, el financiamiento público a partidos políticos.

La presidenta argumentó que permitir estas consultas fortalecería la democracia directa, al dar mayor peso a la opinión de la población en decisiones relevantes.

4. Cambios en la revocación de mandato

El plan también contempla modificar las reglas de la revocación de mandato.

Hoy este mecanismo solo puede realizarse en el cuarto año de gobierno, pero la iniciativa propone que pueda convocarse en el tercer o cuarto año del mandato, ampliando así la posibilidad de que la ciudadanía evalúe la continuidad de un gobierno.

Un plan con el mismo objetivo

Sheinbaum subrayó que, aunque la reforma electoral original no fue aprobada, el Plan B mantiene el mismo propósito: reducir privilegios y fortalecer la democracia participativa.

“Si no pasa, tampoco pasa nada, pero nosotros tenemos un mandato y una convicción: acabar con los privilegios y destinar los recursos públicos a la gente”, afirmó.

La presidenta adelantó que la iniciativa será enviada al Congreso una vez que concluya su redacción final.