El desplome educativo revelado por los resultados de la prueba PISA no es un accidente ni un tropezón pasajero, sino una catástrofe provocada directamente por la autodenominada Cuarta Transformación. Intentar culpar a administraciones pasadas por los pésimos resultados de hoy es un absurdo y una muestra de ceguera absoluta, pues la 4T lleva años al frente del país y del destino de nuestras aulas. A esto se suma el cinismo con el que la Presidenta insiste en defender la Nueva Escuela Mexicana, un modelo fallido que prefirió cambiar el rigor pedagógico por la ideología política y las consignas comunitarias, vulnerando de manera flagrante el derecho constitucional a una educación de excelencia, integral y digna para nuestros hijos y jóvenes.

La prueba PISA, diseñada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), organismo internacional integrado por decenas de países para promover el bienestar económico y social, evalúa cada tres años las competencias de estudiantes de 15 años en matemáticas, lectura y ciencias para medir si las escuelas los preparan para los retos cotidianos y laborales en un entorno globalizado. La gravedad de la postura oficial quedó al descubierto de manera lastimosa en aquella mañanera donde una funcionaria, bailando ante las cámaras, dejó en claro la intención del régimen: eliminar el ánimo de competencia y rechazar el espíritu de superación.

Hoy pagamos las consecuencias de esa agenda mediocre. Al castigar la excelencia y calificar el esfuerzo individual como un defecto, el Gobierno ha condenado a nuestras nuevas generaciones a convertirse en una juventud sosa, sin aspiraciones y desarmada para competir. Detrás de este modelo no hay un descuido, sino la intención de un régimen que cultiva la ignorancia para anular el juicio propio, sometiendo a los jóvenes a una docilidad conveniente y fácil de manipular.

Esta crisis en las aulas cobra mayor gravedad al juntarse con la mala situación financiera del país: mientras la deuda pública no para de crecer y absorberá recursos astronómicos para pagar intereses, el país compromete el dinero futuro al tiempo que destruye su capital humano. Lo más preocupante es que, por mero fanatismo, existen sectores que pretenden seguir apoyando al régimen oficialista y votando por el mismo proyecto causante de estos deshonrosos resultados, ignorando que entregando el progreso de sus propios hijos se vuelven cómplices del desastre. Es decir, que en lugar de encubrir políticamente este fracaso, corresponde imputar responsabilidades legales a los funcionarios de la Secretaría de Educación Pública (SEP) bajo la Ley General de Responsabilidades Administrativas por haber fallado de forma tan grave en el ejercicio de su función.

El costo de esta negligencia se pagará durante décadas con más pobreza, desempleo y marginación social. Las autoridades cometieron un atropello consciente contra el futuro de los jóvenes. Si la sociedad no despierta frente al cinismo oficial, exige cuentas a las autoridades educativas y defiende el rigor formativo, el precio por este saqueo de talento será incalculable.