Sorprendió a todo mundo que el general Cienfuegos fuera liberado de los cargos que pesaban en contra suya, justamente antes de iniciarse el juicio que le hubiera correspondido enfrentar ¿Qué pasó?

Algunos, de este lado de la frontera, adujeron “un triunfo de la diplomacia mexicana”, aunque las primeras versiones –y el comunicado conjunto expedido– más bien involucraban a las fiscalías que a los conductos diplomáticos; también se dijo que había sido efecto de la “enérgica protesta” formulada por el Gobierno mexicano por no haberse respetado los protocolos propios de los acuerdos de cooperación en materia de seguridad, por lo que México podría tomar represalias dejando de colaborar con la DEA y hasta expulsando del país a sus agentes.

El comunicado conjunto del Departamento de Justicia estadunidense y la Fiscalía General de la República, aduce la “sólida asociación institucional entre México y Estados Unidos” y el interés de “demostrar un frente unido contra todas las formas de criminalidad”, como motivo para solicitar a la jueza de la causa el retiro de los cargos por los que se le iba a someter a proceso allá, a fin de que pudiera ser investigado y, de proceder, sometido a juicio en México.

Entre los analistas que han “echado su cuarto a espadas” en el tapete de las opiniones, ha habido quien supone “cuestiones de peso”, en materia de “seguridad nacional” y hasta intervención de la CIA, según dijo alguno de ellos.

Nada se ha dicho hasta hoy acerca de una serie de coincidencias que, en política, no pueden descartarse: en primer lugar, la acusación que poco antes se hiciera a Enrique Peña Nieto por cohecho y “traición a la patria”, de quien el general Cienfuegos había sido secretario de la Defensa Nacional; la cercanía de quien fuera secretario de Hacienda y Crédito Público en el mismo periodo, también acusado, con el yerno de Donald Trump; la reticencia del Gobierno mexicano a reconocer el triunfo electoral de J. Biden; el trato deferente, se diría que en demasía, que el Presidente mexicano ha prodigado al que todavía lo es en el vecino del norte, y la profunda molestia que causó entre los mandos superiores del Ejército (muchos de ellos subordinados que fueron del general Cienfuegos), según trascendió en los medios, por la que juzgaron débil reacción del Gobierno mexicano ante el evento.

Lo único cierto, en medio de todas esas conjeturas, es que no es admisible que se haya tratado de un acto gracioso, ni gratuito del Gobierno estadunidense que, ya se sabe, no tiene amigos, sino intereses, ¿qué habrá recibido a cambio?

Difícilmente llegaremos a conocer, cuando menos no pronto, la verdadera razón del acontecimiento, pero no cante victoria nadie, porque los costos, para México, serán seguramente elevados y los beneficios escasos, aun para quienes creen haberse anotado un triunfo, porque hay un pequeño detalle: no fue por falta de pruebas o desvanecimiento de datos que se retiraron los cargos, ni ha sido juzgado nadie por ellos.

Aquel principio que en el derecho norteamericano se conoce como “double jeopardy” y prohíbe que alguien pueda ser juzgado dos veces por el mismo delito, no sería, por lo tanto, aplicable en el caso y, por ende, la espada de Damocles continuará pendiente sobre la cabeza del inculpado.

Las pruebas –y tal vez no todas, algunas se habrán podido guardar– están en poder de la Fiscalía General de la República de nuestro país, que, sin duda, recibió una papa caliente, ¿qué hará con ellas?

Si nada se hizo allá y sí todo desde aquí, por ella misma, para que no tuviera lugar el juicio en Estados Unidos, se antoja difícil que en nuestro país impulse proceso alguno.

En todo caso, la sombra que se proyecta sobre el panorama de la política bilateral es muy densa, mientras que en la interna es palpable la energía telúrica que se acumula. Apenas, creo, es la punta de un témpano que podría ser de proporciones
mayores.