Armando Monsiváis Saldaña es uno de los mejores caricaturistas del país. “Monsi desnuda la política en sus cartones”, dice la revista Voces del Desierto de la Universidad Autónoma de La Laguna en una edición reciente. Monsi condensa el caso Ayotzinapa en “Sombras en la noche” (Espacio 4, 740), donde Peña Nieto carga con las cruces de los estudiantes muertos y López Obrador recibe los jitomatazos. Gerardo Moyano escribe en el mismo número de “La otra lectura”:

“A casi 10 años del caso que sacudió al país y puso en jaque al presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014, siguen exigiendo justicia. Sin embargo, el diálogo con el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien en 2020 ofreció disculpas a nombre del Estado por el caso que su antecesor intentó sepultar bajo la “verdad histórica” —la cual afirmaba que los jóvenes fueron incinerados y sus restos arrojados a un río—, ha subido de tono por dos hechos recientes.

“El primero ocurrió el pasado 6 de marzo, cuando un grupo de encapuchados derribó una puerta del Palacio Nacional e infligió daños en el recinto. Si bien López Obrador ordenó no reprimir ni perseguir a los manifestantes, pidió a los padres de las víctimas no dejarse manipular. ‘En estas acciones hay mano negra, que son actos de provocación, que eso fue lo de ayer, un vulgar acto de provocación (…) Es muy justa la demanda de los padres y de las madres de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, pero ya se han montado en este asunto grupos de derecha, conservadores, incluso partidos que están en contra de la transformación (…) hasta organismos internacionales, supuestamente defensores de derechos humanos, organizaciones supuestamente no gubernamentales de la sociedad civil, supuestos defensores de derechos humanos. Es un coctel de provocadores que están contra la transformación. Entonces, por eso no vamos a caer en la provocación’”, dijo el Mandatario el 7 de marzo.

“Ese mismo día, la muerte de un normalista de Ayotzinapa a manos de la policía de Guerrero provocó violentas protestas en Chilpancingo. Aunque en un principio, AMLO hizo eco de la versión de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado, que aseguró que los elementos repelieron una agresión de los estudiantes que viajaban en un vehículo robado, se retractó días después.

“Hubo un abuso de autoridad. No quiero adelantar, pero sí, no disparó el joven, por ejemplo, entonces hay que ver todos los peritajes; ya se hicieron y ya está el expediente en manos de la FGR y no vamos a permitir ninguna injerencia, tentación de querer proteger a los responsables”, indicó (11.03.24).

La noche del hecho, camiones con estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa arribaron a la capital guerrerense, donde incendiaron patrullas de la Policía Municipal y Estatal. Un día después, retuvieron a 14 elementos de la Guardia Nacional en el tramo carretero Tixtla-Chilpancingo. Ante la amenaza de más manifestaciones violentas, la Policía Estatal decidió retirar los filtros de seguridad instalados en el área metropolitana de Chilpancingo. El 11 de marzo, funcionarios del Gobierno de Guerrero tuvieron una reunión improvisada con una comisión de tres normalistas de Ayotzinapa, en busca de acuerdos para paliar esta crisis que agrava la ola de violencia en el estado.

“AMLO señaló que su Gobierno ha demostrado “en los hechos” que se está trabajando por hacer justicia en el caso Ayotzinapa, como lo demuestra la detención del exprocurador Jesús Murillo Karam —quien pronunció la ‘verdad histórica’—, así como la apertura de las oficinas a los padres. Sin embargo, la relación entre éstos y la 4T se ha ido deteriorando desde 2022, cuando el Ejército se negó a entregar más de 800 expedientes clave para los avances de las investigaciones”.