Quito.- Ecuador desplegó 3 mil 600 efectivos de la policía nacional y de las fuerzas armadas en todo el sistema penitenciario para “garantizar la seguridad” en las instalaciones, informó ayer la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, tras el motín del martes en la prisión del Litoral, en la ciudad de Guayaquil, que dejó 118 muertos y casi 90 heridos, la peor masacre carcelaria en América Latina.

Vela explicó en conferencia de prensa en el palacio de Carondelet que hubo una reorganización del sistema carcelario para evitar incidentes de este tipo. Aseguró que el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) tiene como competencia exclusiva garantizar el orden dentro de los centros penitenciarios.

Junto a la ministra, Bolívar Garzón, director del SNAI, informó que el gobierno planea indultar a unos 2 mil presos, de manera principal a los ancianos, discapacitados y enfermos terminales, y repatriará a presos extranjeros con condena para aliviar hacinamientos en las cárceles.

Estas medidas son parte del estado de excepción decretado por el presidente Guillermo Lasso para todo el sistema penitenciario, que permite al Ejecutivo suspender derechos de los reclusos y movilizar a la fuerza pública para restablecer el orden tras el motín.

Además, apuntan a descongestionar un poco el sistema carcelario de Ecuador, con capacidad para 30 mil personas y que desde hace varios años afronta una crisis por una superpoblación de 30 por ciento, falta de guardias, reducción de presupuesto, corrupción y la guerra entre bandas con vínculos con el narcotráfico mexicano y colombiano.

En la prisión portuaria, con 8 mil 500 personas y un hacinamiento que llega a 60 por ciento, según cifras oficiales, se desató el martes un enfrentamiento con armas de fuego entre bandas rivales con nexos con el narcotráfico internacional que se disputan el poder, según la fiscalía.

Las fuerzas armadas señalaron que se “realiza un control de armas, municiones, explosivos y accesorios en el primer filtro de ingreso y en las vías de acceso y zonas de influencia de los centros de rehabilitación social, empleando medios terrestres, fluviales y aéreos”.

Por su parte, la policía, con el apoyo de guardias carcelarios, continuó con las requisas en la penitenciaría luego de que el jueves decomisaron tres pistolas, 435 municiones, 25 armas blancas y tres explosivos.

Vela confirmó que en el motín fallecieron 118 personas, todas ellas privadas de la libertad. Señaló que las unidades forenses identificaron a 41 víctimas y entregaron 21 cuerpos a familiares para su digna sepultura.

Agregó que 77 fallecidos aún no han sido identificados, por lo que la policía nacional está en proceso de reconocimiento con la finalidad de entregar toda la información pertinente a los familiares de los presos, quienes acuden al coliseo Abel Gilbert del parque Samanes para saber el estado de sus allegados.

La angustia entre los familiares, quienes piden a gritos información a las autoridades, crece con las versiones que circulan entre ellos de que los cuerpos están desmembrados, quemados e irreconocibles y que las autoridades todavía no retiran todos los cadáveres de la prisión.

Organismos nacionales e internacionales demandaron al gobierno ecuatoriano agilidad en la investigación para determinar las responsabilidades de la masacre y presionaron por la adopción de acciones efectivas para afrontar la crisis carcelaria.