La funcionaria señaló que estos resultados reflejan el trabajo de las autoridades para sancionar este tipo de conductas y fortalecer los mecanismos de procuración de justicia en casos que afectan gravemente a la sociedad.
De acuerdo a información del sitio de desaparición forzada de la vicefiscalía, en 2020 un total de 86 personas servidoras públicas fueron judicializadas por este delito, siendo el año con más casos.
“ Lo que sí te puedo comentar es que son municipios tanto de zona metropolitana como del interior del estado, y supera los más de 30 municipios”, agregó la funcionarios
En 2026 solo han judicializado a dos personas funcionarias, según los datos que abarcan del 1 de diciembre de 2018 al 31 de marzo de 2026.
¿Qué es la desaparición forzada?
De acuerdo con el artículo 2 de la Convención contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se trata del arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado, o de personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.
En otras palabras, la desaparición forzada es un arresto, secuestro, detención, o cualquier otra forma de privación de la libertad no reconocida y realizada por agentes del Estado, es decir, hecha por servidoras o servidores públicos, o bien, por personas o grupos que actúen con la autorización, el apoyo o la aprobación del Estado.
La desaparición forzada se caracteriza por la negación de las autoridades a reconocer dicha privación de la libertad y por la ocultación de información sobre la suerte o el paradero de la persona desaparecida, evitando así que la víctima pueda ser protegida por las leyes.
