Ciudad de México.- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) suspendió la comercialización de servicios de telefonía móvil de AT&T en centros de atención en Aguascalientes, Ciudad de México, Ciudad Juárez, Guadalajara, León, Morelia, Puebla, Querétaro, Tijuana y Veracruz.

“ Profeco, en su función de garantizar y proteger los derechos de los consumidores, determinó suspender la comercialización de servicios de telefonía móvil en el esquema de pospago de la empresa AT&T en 10 ciudades del País, ante irregularidades en el contrato correspondiente.

“ La colocación de sellos de Suspensión de Comercialización del servicio de telecomunicaciones de telefonía móvil ofertado en el esquema de pospago se tomó luego que la Profeco realizó visitas de verificación de telecomunicaciones en centros de atención de clientes del proveedor AT&T, cuyo propósito fue verificar el contrato con el que se comercializa en la modalidad de pospago”, informó.

Profeco detectó que el documento mostrado difiere respecto del contrato de adhesión registrado ante ella, al hacer un agregado en la carátula del contrato con la que AT&T pretende incluir el consentimiento de sus clientes respecto de un cobro anual por equipo diferido.

“ Se exhorta a los consumidores que hayan celebrado contrato con dicho proveedor a que revisen el contrato que les fue entregado al momento de la contratación”, dijo la Procuraduría.

Las quejas se pueden presentar vía electrónica o en alguna de las 38 Oficinas de Defensa del Consumidor (ODECO).

Ante la suspensión, AT&T está revisando la información con las autoridades.

“ Estamos revisando la información con las autoridades y por el momento no podemos comentar al respecto. Continuamos teniendo nuestros canales de venta de servicios para atender a nuestros clientes”, mencionó AT&T a Grupo REFORMA.

El operador móvil tiene pendiente atender la demanda interpuesta por Profeco por una acción colectiva promovida en su contra por aplicar un cobro no contemplado en su contrato de adhesión a 844 mil 480 consumidores.

La Procuraduría ha referido que la acción colectiva busca que resarcir el daño ocasionado a más de medio millón de consumidores a los que de forma inicial les ofertó un equipo terminal a plazo diferido para poder prestar su servicio de telecomunicaciones, al cual le fijó un precio determinado, pero, terminando el periodo, aplicó un nuevo cargo.