Nacional
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La Jornada
Publicado el lunes, 17 de noviembre del 2025 a las 21:23
Ciudad de México.– El Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) del Poder Judicial de la Federación (PJF) decretó la suspensión temporal de una Jueza federal adscrita al estado de México, con residencia en Toluca, por presuntas irregularidades cometidas en un juicio de amparo clave promovido por el rumano Florian Tudor.
Tudor es señalado como el presunto líder de la organización criminal conocida como la “Banda de la Riviera Maya”, acusada de saquear millones de dólares mediante la clonación de tarjetas en cajeros automáticos de centros turísticos mexicanos.
La medida cautelar fue solicitada por el Órgano de Investigación de Responsabilidades Administrativas tras recibir denuncias que apuntan a posibles faltas administrativas de la juzgadora, las cuales habrían entorpecido procesos de extradición y otorgado beneficios cuestionables a personas sujetas a dicho proceso.
El TDJ, presidido por el Magistrado Rufino H. León Tovar, señaló que la jueza incurrió en una supuesta irregularidad al establecer el centro de reclusión en el que debía permanecer el quejoso, en contravención de la Ley de Amparo y la Ley Nacional de Ejecución Penal.
Según la autoridad denunciante, en el juicio de amparo contra la orden de extradición de Tudor, la suspensión solo debió otorgarse respecto a la orden de extradición y en la medida estrictamente necesaria. Sin embargo, la juzgadora “interfirió en la operatividad del sistema penitenciario federal” al decidir sobre la ubicación carcelaria del imputado.
El TDJ enfatizó que la atribución de determinar el centro de reclusión corresponde exclusivamente a las autoridades penitenciarias, quienes están obligadas a garantizar la seguridad, el orden y la gobernabilidad de los centros federales, sin que dichas obligaciones puedan ser neutralizadas por una medida suspensiva procesal.
Durante una sesión privada celebrada el pasado jueves, el Tribunal de Disciplina determinó por unanimidad de votos la suspensión temporal de la funcionaria judicial. La medida se mantendrá hasta que concluya la investigación y, en su caso, el procedimiento disciplinario.
Rufino H. León Tovar, Magistrado Presidente de la Comisión de Disciplina del PJF, fue categórico al afirmar que “no se permitirán actos de ningún juzgador sin importar su nivel o jerarquía, cuando se afecte la impartición de justicia o se vulnere el Estado de derecho.”
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