Ciudad de México.-  La Comisión de Disciplina del Poder Judicial de la Federación (PJF) destituyó a un magistrado y suspendió a un juez: el primero “alteró” documentos para lograr la renuncia de una oficial judicial; mientras que el juzgador omitió pronunciarse sobre la suspensión solicitada por dos personas detenidas que necesitaban de manera urgente atención médica, entre ellas una mujer embarazada.

De acuerdo con la comisión del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), el magistrado se encontraba adscrito a un Tribunal Colegiado del Estado de México.

​Caso por el que los destituyeron

Del análisis de las pruebas que están en la indagatoria, la servidora pública se vio afectada en forma diferenciada por su condición de mujer, derivado de las acciones llevadas a cabo por el implicado, quien tenía frente a la víctima una asimetría de poder.

“Demostrándose además que aprovechando su jerarquía, efectuó actos arbitrarios para obtener su renuncia contra su voluntad, dejándola en situación de vulnerabilidad dada su condición de madre de un menor de edad y divorciada de otro servidor público del mismo órgano jurisdiccional con un cargo mayor, con todas las implicaciones personales y económicas que eso conlleva”, señaló la comisión que preside el magistrado Rufino H León Tovar.

En otro caso, la comisión decretó la suspensión de sueldo y labores de un secretario de acuerdos, quien en funciones de juez de Distrito, realizó actos en contra de la administración de justicia.

Ya que en la tramitación de un juicio de amparo omitió pronunciarse respecto de la suspensión provisional solicitada por los quejosos, a fin de que fuesen puestos en inmediata libertad, debido a que era urgente que recibieran atención médica.

Según la indagatoria llevada a cabo por el Órgano de Investigación del Tribunal de Disciplina Judicial, los afectados solicitaron amparo en contra de su detención, arresto e incomunicación.

Así como su inminente deportación, expulsión, proscripción o destierro al encontrarse detenidos en una Estación Migratoria.

Explicó que el juez denunciado concedió únicamente la suspensión de plano para que se evitara la incomunicación de los quejosos y que no fueran deportados, expulsados, retornados o trasladados a su país de origen o a un diverso centro migratorio.

Pero, el juzgador omitió ordenar que se les pusiera en inmediata libertad, pese a que se encontraban con padecimientos de salud que requerían de continuidad, observación y prescripción médica a fin de evitar consecuencias irreversibles o la pérdida de su vida.

Esto, ya que la mujer se encontraba en estado de gravedad y había presentado sangrado, mientras que el hombre padecía hipertensión arterial severa.

“Por la gravedad de la conducta, el Tribunal determinó suspender de su cargo y funciones al responsable, quien actualmente se desempeña como secretario de acuerdos”, señaló la comisión.