Ciudad de México.– En plena discusión nacional sobre austeridad y gasto público, la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, y los consejeros electorales recibieron un bono especial de 525 mil 268 pesos cada uno, como “reconocimiento” por su participación en las recientes elecciones del Poder Judicial.

La cifra equivale a dos meses de su sueldo bruto, que asciende a 262 mil 634 pesos, y fue autorizada mediante un acuerdo aprobado desde marzo de este año, de acuerdo con la solicitud de información 330031425000919 publicada en la Plataforma Nacional de Transparencia.

El pago se realizó en dos exhibiciones: la primera en marzo y la segunda en mayo, aunque el tema salió a la luz pública hasta ahora, generando un amplio debate en redes sociales y medios de comunicación.

El acuerdo también contempla compensaciones para otros niveles de personal del INE, pero en el caso de los consejeros y la presidencia, el bono ha desatado críticas por su monto y oportunidad, al otorgarse en un año marcado por discursos oficiales de recorte de gastos.

No es la primera vez que ocurre. En 2012, estos bonos habían sido suspendidos para consejeros y solo se entregaban a personal operativo. Sin embargo, fueron reinstaurados en 2024, año en que se repartieron 11 bonos por un total de 342 mil pesos para cada consejero bajo el argumento de mantener la “tranquilidad laboral” en la institución, aunque algunos decidieron devolverlo debido a que la decisión no había sido comunicada.

Pese a las críticas quien lo conservó fue Taddei: “Esto es parecido al tema del aguinaldo, forma parte de la historia del INE, no hay por qué renunciar a él”, señaló el 1 de febrero del 2024.

La revelación coincide con la reciente renovación del Tribunal encargado de vigilar al Poder Judicial, proceso que favoreció a perfiles cercanos a Morena, y que también ha estado bajo la lupa de organismos internacionales como la OEA.

En contraste, usuarios en redes han señalado que lo que un consejero del INE obtiene en un bono equivale a más de cinco años de salario mínimo para un trabajador común, reavivando el debate sobre los privilegios en la alta burocracia mexicana.