Uno de los apoyos socioproductivos de la Administración federal (2018-2024): Han sido los microcréditos para el Bienestar, en la modalidad de consolidado, que pretenden apoyar al microempresario, que maneje un negocio con una antigüedad mínima de seis meses, el interesado, para ser elegible, debe tener entre 30 y 67 años; es menester decir, que en su desarrollo operativo la propuesta ha encontrado diversos obstáculos, algunos de ellos, se comentan en este artículo, así como ciertas reglas de operación del programa.

A los beneficiarios o microempresarios seleccionados se les otorgará un crédito inicial de 6 mil pesos, que amortizaran con un pago de 600 pesos mensuales, en 10 meses devolverán el total del préstamo al fisco, el subsidio se encuentra en la tasa de interés, la cual no se les cobrará.

Una vez que hayan saldado la deuda, tendrán derecho a recibir otros créditos por un monto de 10 mil; 15 mil y 20 mil pesos, respectivamente, siempre y cuando hayan liquidado puntualmente cada nuevo pasivo contraído.

El microempresario tendrá, además de contar con el empréstito, el acompañamiento de asesores que lo capacitarán y orientarán en el mercado de su ramo, que generalmente han sido establecimientos del sector comercio y servicios.

Sumando los montos y tiempos, en un periodo de tres años y cuatro meses el interesado puede recibir hasta 51 mil pesos, que es probable que utilice en capital de trabajo o en inversiones acordes a su capacidad productiva para consolidar su negocio.

Han sido créditos bien intencionados basados en la confianza del deudor, que se entregan directamente sin colaterales ni intermediarios, tratando de evitar los excesos de burocracia y la malversación de fondos; en términos llanos el programa se sustenta más que en principios económicos en los buenos sentimientos del Ejecutivo federal hacia sus gobernados.

Que se constata cuando públicamente dice: “porque el pueblo es honesto. No se necesitan garantías. La mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo”.

En los hechos. La meta del programa era llegar a tener una cobertura o cartera empresarial de un millón de créditos, los cuales incentivarían al emprendedor de pocos recursos a incorporarse al mercado financiero, sin haber cumplido con los múltiples requisitos que exigía la banca comercial, no obstante una vez recuperada la inversión, y haberse consolidado como comerciante o productor con un margen de utilidad aceptable, podría buscar otras opciones de financiamiento no necesariamente gubernamentales.

Las “tandas del Bienestar” se creaban en 2019, y durante ese año lograba un padrón de 350 mil 371 microempresarios, en 2020 esa lista se incrementaba a 494 mil 145 beneficiarios, y de estos 39% habían cubierto sus compromisos monetarios con el Gobierno, casi 40 de cada 100 prestatarios.

En el primer año de su advenimiento se le otorgaba un presupuesto de aproximadamente 3 mil millones de pesos, al año siguiente era de 2 mil 500 millones, y en 2021, ascendía a mil 500 millones de pesos (Fuente: ASF).

En el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2022, que presentaba la SHCP a la Cámara de Diputados, se anunciaba que el programa también llamado, coloquialmente “tandas para el Bienestar”, dejaría de administrarse por la Secretaría de Economía y pasaría a la Secretaría de Bienestar.

El cambio implicaba, no solo una mera transición de adscripción burocrática, sino que es muy probable que de un programa con sostenimiento presupuestal anual, se convierta en uno de autofinanciamiento por los propios empresarios que han honrado su palabra.

Y, obviamente el aporte del Gobierno se suspenda. Se infiere que con la bolsa formada por los créditos recuperados se siga beneficiando a los que han cumplido sus obligaciones puntualmente.

Paradójicamente, la selección del padrón o asignación de recursos estaría determinada por los precios, un mecanismo que cotidianamente usa la economía capitalista para “distribuir” los ingresos y bienes entre los agentes económicos; se vuelve a imponer la mal llamada economía neoliberal.

Conclusiones

Varios han sido los obstáculos que ha enfrentado el apoyo monetario a los emprendedores afincados en áreas marginadas del país, quizá el principal haya sido el alto índice de morosidad de los beneficiarios, que se podría atribuir a la reducción del poder adquisitivo de las familias que pueblan esas zonas, que se agudizaba por la contingencia sanitaria, mientras no haya demanda de productos y servicios es difícil pagar lo que se debe; la variable de salud (pandemia) se salía de control y no se dimensionaba con cabalidad sus estragos en la economía nacional.