El incremento continuo de los precios de los productos, principalmente de la canasta básica que consumen cotidianamente las familias, representa uno de los factores más perniciosos en el poder de compra, que lleva indefectiblemente a incrementar la pobreza entre los que menos ingresos perciben, de allí la importancia de que los gobiernos mantengan la estabilidad de precios. En el caso de este país, la responsabilidad recae en el Banco de México, esa es su prioridad y una de las razones que justifican su existencia y autonomía.

Con la sorpresiva llegada de la contingencia sanitaria de escala mundial, sucedían fenómenos económicos casi inéditos en la historia reciente de la economía nacional. A raíz de la postpandemia, y a pesar de que el crecimiento económico era negativo en 2020, y la demanda agregada se contraía como en algunas recesiones extraordinarias y poco frecuentes, en el primer semestre del 2021 la demanda por el efecto “rebote” se incrementó más allá de la oferta agregada, causando inflación. En la primera quincena de junio, la inflación anual con respecto al mismo periodo del año pasado, llegó a 6 por ciento.

Lejos del anhelado equilibrio entre oferta y demanda y del ansiado objetivo inflacionario del banco central de 3% +/- 1 punto porcentual, la ausencia de este y el incumplimiento de la meta propiciaban un detallado análisis de parte de las autoridades del banco central, sobre qué política monetaria formular en el corto plazo para paliar ese extraño suceso: ¿mantener la tasa de interés de referencia vigente o modificarla?

Para dar una respuesta más asertiva, se consideraron otros elementos que ayudarían a tener una idea más clara a los integrantes de la Junta de Gobierno de Banxico: A) A diferencia de otros países desarrollados, el Gobierno no ha recurrido al endeudamiento externo por mantener el equilibrio en las finanzas públicas, es decir no gastar (invertir) más allá de lo que recaba por la vía impositiva o de otras fuentes alternas que tiene de allegarse recursos, lo que en términos prácticos ha significado una política fiscal restrictiva que no ha considerado incentivos fiscales, ni créditos a las pequeñas o micro empresas. Desde luego, ha habido apoyos pero han sido muy focalizados, solo en ciertas localidades de la República, como la Ciudad de México, pero a nivel nacional, la política fiscal expansiva, integral y estructurada responsable de mantener la producción y el empleo, a niveles similares a los que se tenían antes de la pandemia, no se ha llevado a cabo.

B) El incremento de precios de las materias primas (derivados del petróleo, acero, etcétera) y productos agropecuarios. Las sequías en varias partes del mundo, incluyendo nuestro país, ha influido en el aumento del índice de precios; son acontecimientos imponderables y por ello difíciles de controlar. La teoría económica ortodoxa recomienda que cuando la estabilidad de precios esté en riesgo, una política para equilibrarla es subir la tasa de interés. Pues bien, a pesar de los argumentos que se estudiaban, en este artículo se mencionan solo algunos: los cinco miembros de la Junta de Gobierno de Banxico no aprobaban por unanimidad el aumento de la tasa de interés, aunque la mayoría se impuso y se pasó de 4 a 4.25 por ciento. La interrogante queda en el aire: ¿el incremento obstaculizará la recuperación económica? Esto es, ¿valdría la pena sacrificar el crecimiento económico por disminuir la inflación?