La incertidumbre terminó. Casi 6 meses después de la elección para gobernador, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó el triunfo de Miguel Riquelme al eliminar el rebase en los topes de gastos de campaña dictaminado por el Instituto Nacional Electoral (INE). La sala superior ratificó por unanimidad la validez de los comicios y la entrega de la constancia de mayoría al priista, quien tomará posesión el viernes próximo.

Janine Otálora, presidenta del TEPJF, declaró en la sesión del 24 de noviembre que “a partir de los medios probatorios aportados por los actores (…) no es posible acreditar irregularidades determinantes que lleven a declarar la nulidad de la elección de gobernador constitucional de Coahuila”. Reconoció que “muchas de las expresiones y opiniones difundidas en las últimas semanas no coinciden con esta conclusión (…). Sin embargo, pese a que debe tenerse el mayor de los respetos por las opiniones ajenas, el papel de los jueces debe ser (…) refractario a los juicios paralelos que se despliegan en los diversos medios de comunicación”.

El fallo del TEPJF estuvo precedido de controversias y acusaciones de los excandidatos Guillermo Anaya, Armando Guadiana, Javier Guerrero, Luis Horacio Salinas y José Ángel Pérez contra el Gobierno federal y el PRI por presionar a los magistrados para no anular la elección más competida en la historia de Coahuila. El PRI obtuvo una ventaja de apenas 2% sobre el PAN.

El primer indicio de que las elecciones no se anularían por el rebase en los topes de gastos de campaña del excandidato de la coalición Por un Coahuila Seguro se dio el 5 de octubre, cuando el TEPJF revocó el dictamen del INE por erogaciones de un millón 43 mil pesos no reportadas, lo que redujo de 10.5 a 1.6% el sobregasto.

El 30 de octubre, el INE volvió a elevar el excedente en los gastos del priista y lo fijó en 9.2% por la producción de 82 anuncios difundidos en redes sociales y otros conceptos, situación que reabría la posibilidad de anular la elección. Sin embargo, el viernes pasado el TEPJF disminuyó los gastos por el pago a representantes de casilla y el de los 82 spots divulgados por Twitter; en este caso, de 1.4 millones de pesos a 34 mil 800, equivalente a sólo dos videos. Tampoco sancionó la entrega de tarjetas y monederos “rosa”. Sumadas las deducciones, por 1.8 millones de pesos, al final Riquelme habría gastado menos del límite autorizado.

El excandidato del PAN, Guillermo Anaya, acusó “que las severas presiones del Gobierno federal y del Partido Revolucionario Institucional lograron que el Tribunal Federal Electoral traicionara la voluntad de la mayoría de los coahuilenses. (…) Fueron 14 agravios plenamente documentados que le perdonaron a Riquelme, sin duda ante el caos que vivimos con la dictadura Moreira de 12 años de fraudes y narcotráfico, prefirieron ceder a las presiones del PRI-Gobierno que apostó por la impunidad en Coahuila”.

Otálora advirtió que el Tribunal “juzga a partir de las pruebas y de las reglas establecidas por la Constitución y la ley, no con base en juicios mediáticos, expectativas de las partes o presiones de cualquier tipo (…), sean estas a través de redes sociales o bajo cualquier otra forma. (…) todas las elecciones ponen a prueba a las autoridades electorales en cuanto a nuestra capacidad de organizar los comicios o resolver los conflictos, de actuar siempre de manera imparcial y apegada a la ley y a los principios constitucionales”.

Palabras huecas. El TEPJF ya anticipó cómo juzgará la elección presidencial de 2018.