Otro escándalo en torno a abogados y el Poder Judicial se está configurando y tiene que ver con un expediente al que aquí le hemos dado seguimiento:

AlphaCredit.

Le conté hace unos días que el Juez 12 de Distrito, Víctor Manuel Bravo Melgoza, bateó la solicitud de concurso mercantil de esa prestamista que fundaron Augusto Álvarez y José Luis Orozco.

El 10 de agosto negó la admisión y el 28 de octubre la ratificó con los mismos argumentos infundados, con todo y que el Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles, que dirige Édgar Bonilla, emitió el 7 de septiembre una opinión diciendo que no había razón para rechazar.

Grupo Alpha, de la que descuelgan 17 empresas, entre ellas AlphaCredit, tiene ya alrededor de 800 millones de dólares en pasivos, activos por 250 millones de dólares y 4 millones de dólares en caja. Prácticamente todos los pasivos están vencidos y en incumplimiento de pago.

Morgan Stanley, Banco Interamericano de Desarrollo, Credit Suisse, Alloy y ResponsAbility son sus principales acreedores, así como tenedores de las emisiones de sus Certificados Bursátiles.

Durante el Gobierno de la 4T se han distinguido despachos de abogados que, cierto o no, ofrecían dar resultados maravillosos contando con el apoyo del Gobierno de la República.

Lo que llama la atención es que esos resultados empezaron a fallar de manera más marcada a partir de octubre de este año.

Precisamente lo que llama la atención del caso AlphaCredit es el abogado de Alloy, nos referimos al afamado litigante Alonso Rivera, quien busca sacar un trato privilegiado en detrimento del resto de acreedores.

Rivera Gaxiola, abogado de altos vuelos, tuvo grandes apoyos en el Gobierno Federal y local gracias al encumbramiento político de uno de sus amigos y socios más cercanos.

Pero este expediente va que vuela para complicarse, porque nos dicen que una indiscreción de Alloy le dejó ver a AlphaCredit que el acreedor tuvo acceso a la resolución del juez Bravo Melgoza del desechamiento del concurso antes de que este la publicara.

Y en esta última ocasión, de fuentes judiciales les fue informado que fue el mismísimo Carlos Alpízar, secretario del Consejo de la Judicatura Federal, fue quien presionó para que procediera el desechamiento.

Es conocida en el mundo de los abogados la estrechísima relación de amistad e influencia entre Alpízar y el exsocio de Rivera Gaxiola, por lo que se anticipa una importante investigación al interior del Poder Judicial de la Federación.

AYER APOLLO GLOBAL Managment entregó al consejo de Aeroméxico su oferta de reorganización económica. Lo interesante para los consejeros, entre otros Eduardo Tricio, Valentín Díez Morodo, Antonio Cosío, Jorge Esteve, William Carroll y Javier Arrigunaga, fue que el fondo neoyorquino se unió a los actuales accionistas, a Delta Air Lines y a los joint creditors, en una oferta única y conjunta que implica una inyección, entre dinero fresco y deuda, por alrededor de mil 800 millones de dólares. Al final la aerolínea que dirige Andrés Conesa privilegió una salida que beneficiara a todas las partes y que no excluyera a Apollo, cuyo presidente Marc Rowan le informé que estuvo recientemente en México. Ayer por la noche los asesores financieros de Aeroméxico, Rothschild y Alix Partners, analizaban al detalle la propuesta. En las próximas horas se enviará a la jueza Shelley C. Chapman, encargada del Chapter 11 de la compañía en el Tribunal de Quiebras del Distrito Sur de Nueva York.

HABLANDO DE AEROLÍNEAS, ya se supo por qué Volaris y su director, Enrique Beltranena, están dando su brazo a torcer a la 4T y, prestos, anunciaron que mandarán vuelos a partir de marzo al nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Pues resulta que tienen fuertes diferencias con Raquel Buenrostro, la jefa del SAT, en torno a la forma como están pagando los impuestos. “No me gusta cómo están tributando”, les espetó la funcionaria hace ya varios meses. Y es que pretenden cobrarles 3 mil 500 millones de pesos por concepto de IVA, ISR y TUA. Hay una discrepancia que no se logró zanjar, con todo y que intervino en calidad de cabildero el fundador de la aerolínea, Pedro Aspe. Buenrostro quiere que le paguen en el momento que se compra el boleto y no cuando se materializa el vuelo, como las aerolíneas lo venían haciendo hasta hace dos años. Volaris tuvo antes otra discrepancia y pagó 400 millones. Pero esta ya no la pasó y se va a litigio. Ya le contaremos.

SIN VENTILARLA PÚBLICAMENTE se llevó a cabo hace varias semanas la reunión entre Andrés Manuel López Obrador y Germán Larrea en Palacio Nacional. El dueño de Ferromex y Ferrosur fue a plantearle apoyo al Presidente para su proyecto del Corredor Interoceánico, consistente en construir una vía de 100 kilómetros para conectar el poblado de Medias Aguas con Coatzacoalcos. Ello va permitir que el Ferrocarril del Itsmo de Tehuántepec tenga conexión completa con las administradoras portuarias integrales de Salina Cruz y Coatzacoalcos, que están separadas por unos 300 kilómetros. Así el Tren Interoceánico ya no tendrá que subirse a las vías de Ferrosur. El capricho del director del proyecto del Corredor Interoceánico, Rafael Marín Mollinedo, le va costar a Larrea cerca de 2 mil millones de pesos. La pregunta es qué le van a dar a cambio. El operador de este acuerdo es el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. ¿Y el secretario de Comunicaciones, Jorge Arganis? Bien, gracias.

MÁS ALLÁ DEL caso Oro Negro, existe otro expediente que está a punto de explotarle a Gonzalo Gil, José Antonio Cañedo White y Carlos Williamson, quienes son requeridos por la Fiscalía General de Justicia de la CDMX. Se trata del Grupo Corvi, otrora principal distribuidor de bienes de consumo al por mayor en el sector abarrotero. Aquellos se asociaron en 2015 con la familia fundadora liderada por Benjamín y Pedro Villaseñor, a quienes supuestamente rescataron del concurso mercantil con una capitalización de 910 millones de pesos del fondo Axis. A la vuelta de seis años Gil y compañía han cobrado poco más de 700 millones, pero los Villaseñor descubrieron que sus socios en realidad nunca aportaron dinero por el que les cedieron 90% de la compañía. Ya le platicaremos.

HAY NOTARÍAS QUE son lentas en la inscripción de propiedades ante el Registro Público de la Propiedad, pero la que engaña al cliente haciéndole creer que el trámite está en proceso, cuando no es así, merece ser exhibida. Tal es el caso de las notarías 211 y 135 de la CDMX, cuyo titular es José Eugenio Castañeda.
Cuidado.