EL PAÍS / Chile.- En un año marcado por los casos que dan cuenta de la desprotección en que se encuentran los niños en Chile y la severa crisis del organismo del Estado que debe proteger a los más desvalidos -el Servicio Nacional de Menores, Sename-, el asesinato de un menor de 13 años ha conmocionado a la sociedad chilena.

Cuatro adultos de la ciudad de Temuco, a unos 700 kilómetros al sur de Santiago, torturaron durante 12 horas a un muchacho humilde que, supuestamente, había abusado de una niña de cinco, hija de dos de los involucrados. De acuerdo con la Fiscalía, sin embargo, los forenses no pudieron confirmar la violación.

Los involucrados fueron acusados por el delito de homicidio calificado y permanecerán en prisión preventiva al menos durante los seis meses de la investigación.

El fiscal Roberto Garrido relató que el padre de la niña y un amigo, vendedores en el comercio informal, sospecharon de los abusos y el domingo por la tarde fueron a buscar al muchacho de iniciales A. M. P. A. Juntos lo trasladaron hasta una chavola, donde lo ataron a una silla y lo golpearon durante 12 horas.

El dueño de la vivienda y la madre de la niña se sumaron posteriormente a la golpiza. De acuerdo con el relato del investigador, reproducido por el periódico Austral, la mujer cortó el rostro del muchacho de 13 años con una tijera.

En la madrugada del lunes, el matrimonio lo asfixió utilizando un cojín y una bolsa.

865 menos muertos

“Se realizó un examen sexológico a la hija de dos de los imputados en el caso, que determinó que no presentaba lesiones a nivel genital que fueran compatibles con una violación”, señaló el fiscal Garrido en la audiencia de formalización de cargos.

Los supuestos asesinos tuvieron la intención de esconder el cuerpo del muchacho de 13 años, apodado El Calendario, pero un testigo alertó a la policía. De acuerdo con los antecedentes recabados por los investigadores, la víctima estaba desde 2014 dentro del sistema de protección estatal y este año había pasado a un hogar del Sename como medida de protección. Como estaba en un régimen voluntario, sin embargo, podía abandonar el lugar, como A. M. P. A. hizo al menos en dos ocasiones.

El crimen del niño de 13 años no solo ha abierto un debate en Chile acerca de la llamada justicia popular, sino que sobre todo ha reinstalado en la agenda pública la necesidad de fortalecer los sistemas del Estado que deben cuidar a los niños vulnerables del país. Hace algunos días, el periódico La Tercera informó de la existencia de cuatro redes de explotación sexual de menores, compuestas por al menos 25 jóvenes, de entre 13 y 17 años, que son internas o exresidentes de estos hogares a cargos del Sename. “Esperamos que la investigación de la Fiscalía, además de esclarecer los hechos que se denuncian, contribuya a eliminar situaciones delictuales que atentan contra los derechos de los niños”, expresó el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

En octubre, Chile reconoció la muerte de 865 menores a cargo del Estado, desde 2005 al 30 de junio pasado. “Con dolor, casi diría con vergüenza, hemos visto en ocasiones que las instituciones chilenas no han estado a la altura, como ocurrió con los niños vulnerados”, indicó la presidenta Michelle Bachelet esta semana, al recibir los resultados del Informe Anual de Derechos Humanos. En su versión de 2016, la investigación estuvo enfocada en los atropellos sufridos por niños, niñas y adolescentes desprotegidos.

“Los derechos humanos de los niños bajo la custodia del Estado son violados cuando existen abusos y el Estado no reacciona previniendo, sancionando o reparando”, señaló Branislav Marelic, director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).