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La Jornada
Publicado el jueves, 29 de enero del 2026 a las 20:02
Washington D.C.– El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este jueves un nuevo ultimátum contra el gobierno canadiense, amenazando con imponer un arancel del 50% a cualquier aeronave vendida en territorio estadounidense. La medida, anunciada a través de sus redes sociales, marca un punto crítico en la disputa personal y comercial con el primer ministro Mark Carney.
El mandatario estadounidense justificó la medida como una represalia directa ante la supuesta negativa de Canadá para certificar los aviones de Gulfstream Aerospace, empresa con sede en Georgia. Como contraataque, Trump advirtió que su administración procederá a la descertificación de todas las aeronaves canadienses, afectando directamente a gigantes de la industria como Bombardier.
” “Si esta situación no se corrige de inmediato, voy a cobrar a Canadá un arancel del 50% sobre todos los aviones vendidos en los Estados Unidos”, aseveró el presidente.
La relación entre la Casa Blanca y Ottawa se ha deteriorado aceleradamente desde el regreso de Trump al poder. Lo que comenzó como una amenaza de aranceles del 100% —en caso de que Canadá concrete acuerdos comerciales con China— ha derivado en una afrenta a la soberanía del vecino del norte:
– Retórica de anexión: Trump ha manifestado públicamente su deseo de que Canadá se convierta en “un estado estadounidense”.
– Mofas diplomáticas: El mandatario ha comenzado a referirse al ex primer ministro, Justin Trudeau, como “gobernador”, para reforzar su narrativa de dominio sobre el territorio canadiense.
A pesar de la dureza del discurso de Trump, el primer ministro Mark Carney ha intentado mantener la calma en los mercados. El pasado lunes, Carney minimizó las amenazas anteriores calificándolas como una “estrategia de negociación comercial”.
Sin embargo, el tono de Washington se endureció drásticamente tras la reciente participación de Carney en el Foro Económico Mundial de Davos, donde pronunció un discurso que, según analistas, fue interpretado por la Casa Blanca como un desafío directo a la política económica de Estados Unidos.
Hasta el momento, no se han proporcionado detalles técnicos ni fechas exactas para la entrada en vigor de estos gravámenes, dejando a la industria aeroespacial norteamericana en un estado de incertidumbre total.
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