California.- El Gobierno del presidente Donald Trump demandó este miércoles al estado de California por permitir a atletas transgénero competir en equipos deportivos femeninos de secundaria, con lo que pone en juego miles de millones de dólares en subvenciones federales para la educación.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, en inglés) argumenta en la querella legal que California viola el Título IX, una ley federal de 1972 que prohíbe la discriminación por razón de sexo en cualquier programa o actividad educativa que reciba fondos federales.

Según la denuncia, el Departamento de Educación de California (CDE) y la Federación Interescolar de California (CIF) incurrieron en discriminación ilegal contra las atletas al permitir que las atletas transgéneros compitan contra ellas, “privándolas de la igualdad” de oportunidades educativas y deportivas que les otorga la ley federal de derechos civiles.

El DOJ amenaza con retirar la ayuda federal inmediata y futura, además de aplicar sanciones al estado. La asignación actual de fondos del Departamento de Educación de Estados Unidos al CDE para el año fiscal 2025 asciende a aproximadamente 44 mil 300 millones de dólares, según datos expuestos en la demanda.

El gobernador de California, Gavin Newsom, ha expresado preocupación por permitir que las atletas transgéneros compitan en los equipos femeninos.

La Fiscal General de Estados Unidos, Pam Bondi, hizo eco este miércoles en un comunicado sobre las palabras del gobernador demócrata y consideró que obligar a mujeres y niñas a competir con hombres y niños en deportes competitivos es “profundamente injusto”, pero también “es ilegal” según la ley federal.

Declaración de la Fiscal y la secretaria de Educación:

California officials are failing to protect girls on the playing field and in the locker room. The Department of Justice has filed suit. pic.twitter.com/op2UVREx0c

— Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) July 9, 2025

Por su parte, la secretaria de Educación de Estados Unidos, Linda McMahon, dijo al canal Fox News que la querella legal cumplía una promesa de campaña de Trump de “mantener a los hombres fuera del deporte femenino”.

Los Ángeles demanda a Trump por redadas migratorias

La ciudad de Los Ángeles y otros municipios del sur de California se unen a una demanda contra la administración del presidente Donald Trump destinada a detener las redadas de migración que han sembrado el pánico entre las comunidades de migrantes y desatado protestas generalizadas.

La demanda, presentada la semana pasada por la Unión Americana de Libertades Civiles, acusa a los agentes federales de utilizar tácticas policiales ilegales, como el uso de perfiles raciales, para cumplir con las cuotas de arrestos de inmigrantes establecidas por el Gobierno.

La acción legal de Los Ángeles supone su primer esfuerzo formal para detener las redadas después de que el Gobierno demandara a la ciudad en junio por limitar la cooperación con las autoridades federales de migración.

“ No se puede permitir que continúen estas redadas y redadas inconstitucionales”, dijo la fiscal de la ciudad de Los Ángeles, Hydee Feldstein Soto, a los periodistas el martes por la noche, flanqueada por funcionarios de municipios que se unieron a la demanda, incluidos el condado de Los Ángeles, Pasadena, Santa Mónica, Culver City, Pico Rivera, Montebello, Monterey Park y West Hollywood.

Trump llamó a las tropas de la Guardia Nacional y a los marines estadunidenses a Los Ángeles en junio en respuesta a las protestas contra las redadas de migración, marcando un uso extraordinario de la fuerza militar para apoyar las operaciones de la policía civil dentro de Estados Unidos.

Declaración de la alcaldesa Karen Bass:

Las redadas forman parte de la línea dura del presidente republicano en materia de migración.

Las tropas han seguido trabajando junto a los agentes federales, y el lunes fuerzas de la Guardia Nacional recorrieron el parque MacArthur, cerca del centro de Los Ángeles, en una operación criticada por la alcaldesa de la ciudad, Karen Bass.

Según la demanda de la ACLU, las autoridades federales de inmigración han llevado a cabo acciones ilegales en el sur de California que incluyen detenciones sin orden judicial por parte de agentes enmascarados y anónimos y la denegación de asistencia letrada a personas retenidas en una instalación “similar a un calabozo”.